Denuncian que se emitieron 12 órdenes de aprehensión
La APPO se declara en alerta máxima; teme ola de agresiones
Oaxaca, Oax., 21 de junio. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se declaró en "alerta máxima" ante la "agudización de la guerra de baja intensidad" del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, eventuales detenciones de sus miembros y el "cerco policiaco militar" en comunidades simpatizantes.
La APPO llamó a todos sus integrantes, organizaciones y sectores democráticos del pueblo a "que tomen las medidas de seguridad necesarias y denuncien toda acción que atente contra los más elementales derechos".
En conferencia de prensa, ofrecida en el plantón instalado en el zócalo, uno de los portavoces del movimiento magisterial y popular, Florentino López Martínez, dijo que la APPO apenas volvió a ejercer su derecho constitucional de manifestación "y ya se vislumbra nuevamente la represión" de la administración de Ruiz Ortiz.
El dicho de López Martínez fue en referencia al arresto de un miembro del consejo estatal de la APPO, César Luis Díaz, afiliado al Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) de Santiago Xanica, a quien celadores del penal de Santa María Huatulco han amenazado con linchar.
También relató "la agresión de paramilitares" agremiados en la Confederación Nacional Campesina (CNC), vecinos de San Miguel Aloapan, al poblado San Isidro Aloapan, con intención de explotar vastos recursos forestales, ataque perpetrado el domingo pasado y que dejó como saldo dos personas muertas.
Además repudió la amenaza de la organización gobiernista denominada Consejo Ciudadano, de desalojar el plantón magisterial y popular, "utilizando nuevamente el discurso de linchamiento", así como el cerco de policías y militares en Santiago Xanica, Totolapan y otras comunidades que militan o simpatizan con la APPO.
Destacó que el Poder Judicial del estado, "por consigna del tirano (Ruiz Ortiz)" ha emitido nuevas órdenes de aprehensión en contra de 12 miembros del consejo estatal, entre ellos él, Patricia Jiménez, Zenén Bravo, Jesús López, Rafael Rodríguez y Felipa Franco.
Florentino López convocó al pueblo a fortalecer el plantón representativo en el zócalo, y fundamentalmente, el plan de acción que contempla realizar una Guelaguetza Popular, boicotear la Guelaguetza organizada por el gobierno estatal, y someter a un juicio político popular a "todos los delincuentes de lesa humanidad", y el voto de castigo en contra de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), "y todos sus aliados".
También requirió medidas cautelares para el recién detenido César Luis Díaz, y para la consejera estatal de la APPO, Dolores Villalobos Cuamatzi, a quien el gobierno estatal acusa de ser autora intelectual de hechos de violencia en Aloapan.
Por su parte, el Comité de Familiares de Asesinados, Desaparecidos y Presos Políticos de la APPO exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ser considerado coadyuvante en las investigaciones por las violaciones a derechos humanos sucedidos en la entidad.
"Somos los más afectados e involucrados directamente", afirmó Ernesto Méndez Aquino, coordinador de ese colectivo. Exigió una investigación responsable y honesta, sobre todo con estricta observancia de la ética y del derecho, porque "el deterioro de las instituciones en este país nos originan una justificada desconfianza".