Usted está aquí: viernes 22 de junio de 2007 Capital Propone el SACM se pague el costo real por consumo de agua

Se garantizará líquido barato, subsidiado, a la gente de menores ingresos: Aguirre

Propone el SACM se pague el costo real por consumo de agua

El director del organismo pide a diputados fijar sanciones más severas contra tomas clandestinas

GABRIELA ROMERO, JOSEFINA QUINTERO

El director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre Díaz, señaló a los diputados locales que la propuesta sobre tarifas que el gobierno capitalino enviará a la Asamblea Legislativa respetará los consumos básicos, garantizando que la gente de menor capacidad económica, de menores ingresos, tenga asegurada "agua barata, subsidiada", y a partir de cierto parámetro se cobrará no "cara, sino simplemente lo que cuesta".

Al reunirse con los legisladores de la Comisión de Gestión Integral del Agua, en el salón Luis Donaldo Colosio del recinto de Donceles y Allende, el funcionario aseveró: "no hay duda de que el agua más cara del país es la que se recibe en el Distrito Federal, entonces no podemos tener el servicio más caro con tarifas más bajas".

Para sustentar sus palabras, Aguirre Díaz comparó las tarifas de agua que hay en el Distrito Federal con las de estados como Aguascalientes, Quintana Roo, Jalisco y Monterrey, así como en el municipio de Tlalnepantla, estado de México. "Aquí se cobran 2.89 pesos por 50 metros cúbicos bimestrales y en Aguascalientes, 20 pesos; en Quintana Roo, 12; en Monterrey, ocho; en Jalisco, siete, y en Tlalnepantla, 11 pesos.

Puntualizó que para traer el agua al DF se requieren de inversiones muy fuertes, por lo que necesariamente se debe retirar el subsidio a la gente que no está utilizando el vital líquido para sus consumos básicos, y darle una autosuficiencia, por lo menos operativa, al Sistema de Aguas, aunque las obras las siga haciendo el gobierno.

Aguirre Díaz señaló que se debe analizar si se pueden establecer tarifas diferenciales por estratos económicos. "Por supuesto, necesitaríamos tener tarifas muy razonables en los consumos básicos y hacer que la gente use menos agua por medio del cobro de aparatos ahorradores y programas de cultura del vital líquido".

Comentó que en Monterrey se logró bajar la demanda de 350 litros por habitante al día a 250. "Nosotros andamos más o menos en 340 litros, necesitamos reducirlo a 250, 200".

Al responder a las interrogantes de los legisladores de PRD y PAN, el director general del Sistema de Aguas se refirió al problema de las fugas, "es como echarle agua a una coladera, que con el tiempo se va deteriorando, además de ser un mal negocio".

Explicó que se está dividiendo la ciudad en 330 sectores para calibrar cómo está la eficiencia en las diferentes partes de la red y a partir de esto restituir tuberías, disminuir presiones y detectar fugas.

Por lo que solicitó el apoyo a los diputados para fijar sanciones más severas a quienes tengan tomas clandestinas. "Cómo sancionamos a la gente que creemos que nos está robando 2 mil 200 litros por segundo, nada más con un número estimativo, optimista de que es 7 por ciento, la realidad es que puede ser mucho más".

Admitió que no hay manera de saber cuánto se está perdiendo en el Distrito Federal por fugas. "Para saber cuánta agua se está perdiendo, necesitaríamos tener micromedición en todas las casas, pero esto no se tiene, entonces siempre serán datos estimados".

En otra parte, el jefe delegacional de Iztapalapa, Horacio Martínez Meza, alertó sobre un posible taponamiento del drenaje por "el trabajo no pulcro" que realizan las empresas contratadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en la demarcación para sustituir la red secundaria de agua potable en la Sierra de Santa Catarina.

Señaló que dichas empresas no han levantado el material esparcido en la zona y se corre el riesgo de que con la lluvia se formen ríos de lodo que afecten los conductos de salida de las aguas residuales.

Martínez Meza indicó que autoridades delegacionales y del Gobierno del Distrito Federal deben ser más estrictos en cuanto a la supervisión de las obras por contrato que se ejecuten para evitar incidentes.

 
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