Usted está aquí: martes 19 de junio de 2007 Estados Disputa por tierras deja dos muertos en Oaxaca

Hay seis heridos y nueve desaparecidos; la pugna data de 1941

Disputa por tierras deja dos muertos en Oaxaca

Acusan a Ulises Ruiz de proteger a ''paramilitares'' y ''talamontes''

OCTAVIO VELEZ, MATILDE PEREZ

Al menos dos muertos, seis lesionados y ocho desaparecidos dejó ayer un enfrentamiento con armas de fuego entre pobladores del municipio San Miguel Aloapan, identificado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de la agencia municipal San Isidro Aloapan, vinculada al Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), por un conflicto agrario que data de 1941.

Fuentes de la procuraduría de Oaxaca reportaron inicialmente tres decesos, pero la Secretaría de Protección Ciudadana confirmó sólo los de dos hombres identificados como Arturo Chávez y Matildio Méndez, ambos oriundos de San Miguel Aloapan, en la sierra norte.

Ricardo Alavés Méndez, policía municipal de San Isidro, denunció vía telefónica que podrían haber sido secuestrados ocho habitantes de ese poblado, pues hasta el cierre de esta edición se ignoraba su paradero.

Los desaparecidos son Juventino Cruz Pérez, Artemio Pérez Cruz, Juana Morales Pérez, Eufemio Méndez López, Santiago López Alavés, Mario Alvaro López Pérez, Marcos Alavés Pérez y Gerardo López Alavés.

Alrededor de las ocho de la mañana, pobladores de San Miguel Aloapan se internaron en el monte, en las inmediaciones del paraje Cerro Nariz, para sanear 12 hectáreas de pinos y encinos plagadas de gusano descortezador, con autorización de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Sin embargo, al llegar ''fueron atacados por la espalda'' por los habitantes de San Isidro Aloapan, quienes reclaman esa superficie, informó el subsecretario general de Gobierno, Joaquín Rodríguez.

Rodríguez Palacios agregó que agentes de la policía preventiva del estado se trasladaron al lugar, ''pero fueron atacados por la gente de San Isidro Aloapan''.

El funcionario dijo que los habitantes de San Miguel Aloapan ''se adelantaron'' a hacer las tareas de saneamiento, a pesar de que la Conafor los había citado a una reunión para este martes, a fin de tratar de llegar a un acuerdo con los de San Isidro Aloapan. ''Desafortunadamente no se esperaron y se dio el enfrentamiento'', señaló.

Dolores Villalobos Cuamatzi, coordinadora de la Junta Organizadora del CIPO-RFM, una de las organizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), deslindó a los habitantes de San Isidro Aloapan de cualquier responsabilidad de los ataques.

''Los agredidos fueron los compañeros. Ellos fueron al monte sin armas. Quienes estaban armados eran los de San Miguel Aloapan, encabezados por el alcalde Alejandro Cruz. Ebrios, empezaron a agredirlos y se tuvieron que defender; cuando les dispararon corrieron para ponerse a salvo y quizás los mismos armados mataron a su gente'', dijo.

La posesión de armas en San Miguel Aloapan, subrayó, fue corroborada por el gobierno estatal a través de Oscar Fernández, secretario particular del secretario general de Gobierno, Teófilo Manuel García Corpus.

''Cuando nos comunicamos con él para avisarle de la agresión, nos dijo que la gente de San Miguel Aloapan habían disparado a la policía", señaló.

Villalobos Cuamatzi no descartó que pobladores de San Isidro Aloapan hayan muerto y responsabilizó al gobernador Ulises Ruiz ''por proteger a los paramilitares y talamontes priístas'' de San Miguel Aloapan; al ex gerente de la Conafor, Francisco Reyes, por la autorización otorgada porque ''detrás del saneamiento está el interés de acabar con el bosque'', así como al secretario y subsecretario general de Gobierno, ''por no haber tenido voluntad para resolver el conflicto''.

En 1941, San Isidro y San Miguel Aloapan solicitaron a las autoridades agrarias el reconocimiento y titulación de 13 mil 518 hectáreas como bienes comunales; en 1982 se ejecutó la resolución presidencial, pero se excluyó a San Isidro, lo que derivó en un conflicto agrario. En 2007, tras una larga disputa, se reconoció a 104 personas como comuneros y se reservaron los derechos de 11 que fallecieron.

 
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