Ciudad Perdida
La agenda 2003 de Ahumada
Nueva luz en el caso de los sobornos
Políticos, empresarios, periodistas...
El caso Carlos Ahumada no está cerrado. Por más que desde algunos ámbitos de la política, y la supuesta justicia, el empresario de los sobornos haya sido juzgado, aún quedan, inéditos, sin hacerse públicos, una serie de datos que forman parte de un historial que de un momento a otro pueden explotar en la cara de quienes estuvieron encadenados a sus manejos, y no son sólo las horas y horas de videos que tejieron el entramado de sus chantajes, sino los documentos, casi todos en manos de la Procuraduría General de Justicia del DF, que cuentan de sus andanzas.
Y es que lo que no dicen los videos, con toda y su aplastante verdad, se halla en algunos otros documentos que hablan de las dádivas, y los compromisos, de este sujeto con quienes le servían. Lo mismo hombres y mujeres de la política que empresarios. Lo mismo periodistas que gente de su más cercano círculo.
Un importante hallazgo de La Jornada es la agenda que una de las secretarias de Carlos Ahumada llevó durante 2003. El documento, que podríamos llamar agenda comentada, habla claro de los gastos que el empresario realizaba en sus subordinados y, aparentemente, entre la gente que merecía su especial atención.
El día a día que cuenta la agenda habla, por ejemplo, de los pagos que Ahumada realizaba a la joyería Peyrelongue, de la compra de vinos extraordinarios como el famoso Petruss, que aparentemente enviaba como obsequio, seguramente, a quienes pretendía seducir para sus fines.
Pero también lleva la cuenta de los pagos que se hacían, por ejemplo, a un personaje de las encuestas, tal vez por los estudios de opinión que elaboraba para él. Se trata de Ricardo de la Peña, con quien sostuvo una relación que consta en las páginas de la agenda.
Es necesario recordar que Ricardo de la Peña es el presidente ejecutivo de la empresa GEA-ISA, misma que dio como triunfador a Felipe Calderón en la pasada elección presidencial, cuando las otras encuestadoras no querían emitir una opinión dado lo "cerrado" de los resultados de sus sondeos.
Pero además la agenda maravillosa relata los dineros que se dispusieron desde las arcas de Ahumada Kurtz para las delegaciones Tláhuac y Alvaro Obregón, demarcaciones éstas que fueron el motivo de las acusaciones del Gobierno del Distrito Federal contra el empresario de origen argentino, y que desestimó un juez, además de que formaban parte de una averiguación previa que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora en manos de Rodolfo Félix Cárdenas, no quiso presentar en tiempo porque supuestamente no estaba bien integrada y sirvió como elemento fundamental para que el dueño de Quart saliera de la cárcel.
La agenda es parte de los documentos que la misma Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la gestión que encabezó Bernardo Bátiz, halló al catear las instalaciones de Grupo Quart, empresa principal de Carlos Ahumada, y seguramente está en el expediente que leyó, con rapidez insólita, el juez de la instrucción, misma que además contiene las cantidades con las que se apoyaba a diversos personajes, pero que no llamaron la atención del juzgador.
De pasadita
El secretario federal del Trabajo, Javier Lozano, lanzó una amenaza en contra de Marcelo Ebrard después, desde luego, de obtener el beneplácito de su jefe, que huele a otro episodio de desafuero. Le dice, con toda claridad, que el no reprimir las manifestaciones, que asegura "azotan frecuentemente a la ciudad de México", viola la Constitución, y le recuerda que todo funcionario público, antes de tomar posesión de su cargo, jura guardar la misma Carta Magna.
Dice el funcionario que se debe hacer cumplir la ley para evitar bajo el pretexto de la libre manifestación de las ideas que se vulnere el orden público y la ley, ¡ah!, pero eso sí, advierte que la aplicación de la ley no debe confundirse con represión o autoritarismo.
Igual que en las dictaduras más inhumanas, el funcionario plantea que el uso del garrote es parte de lo legal, pero se olvida, porque así lo quiere, de señalar que son las imposiciones del gobierno para el que trabaja, y las injusticias, las que llevan a la gente a las calles. Su visible enojo se debió a que el jefe de Gobierno lo calificó ayer de ¡ignorante! Ni que fuera para tanto. O ¿lo que quieren es que la gente calle para que la tele hable?