Cuestionan que se haya absuelto a Serrano Limón
Se amparan SFP y ASF contra la PGR en el caso Provida
La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se ampararon en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) luego de que ésta absolviera a Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón, dirigente de Provida, y a Rocío Gálvez Sánchez, vicepresidenta de esa organización, señalados como presuntos responsables de peculado.
Esas instancias de los poderes Ejecutivo y Legislativo solicitaron el amparo en enero y febrero pasados, respectivamente, después de que en diciembre de 2006 la PGR declaró inocente a Serrano Limón, a Gálvez y a funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, dependiente de la Secretaría de Salud (Ssa), entre ellos Alessandro Rubio, Carlos Eduardo López Bosch y Ricardo López Loya.
El juez tercero de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal, Ricardo Guzmán Wolffer, aprobó los juicios el 31 de mayo pasado, tras evaluar que constitucional y jurídicamente ambas tienen facultades para impugnar la resolución de la Procuraduría General de la República, según sentencia 101/2007-VII, cuya copia posee La Jornada.
Convenio ''sin fines de lucro''
Cabe destacar que, mediante convenio, la Ssa entregó a Provida en 2003 más de 33 millones de pesos como apoyo para crear diez centros de Atención a la Mujer. Esa cifra, de acuerdo con la ASF y la SFP, no se comprobó en los ''términos del Formato Unico de Solicitud de Recursos para Organizaciones de la Sociedad Civil sin Fines de Lucro''. Además, Provida incumplió varias disposiciones del convenio e incurrió en diversas irregularidades.
Por esa razón, la SFP sancionó en abril de 2005 a Serrano con una multa de más de 13.2 millones de pesos y lo inhabilitó para ocupar cargos en el gobierno federal. Esas sanciones fueron ratificadas por la Corte en octubre de 2006, y con ello echó abajo el amparo 1927/2005, interpuesto por Serrano Limón.
En el juicio de garantías requerido por la ASF y la SFP, ambas impugnan que la PGR haya absuelto a Serrano Limón y a Gálvez, más cuando las auditorías de esas instancias y de otras organizaciones sociales arrojaron que ''los recursos fueron distraídos de su objeto, al haberse encontrado diversas irregularidades''.
La Función Pública precisa en el juicio en cuestión las siguientes anomalías: ''aplicación de recursos del erario en fines diversos a los expresamente autorizados (adquisición de tangas, trajes y plumas Mont Blanc y otros), presentación de facturas expedidas fuera de la vigencia fiscal sin especificar precios unitarios; recibos, notas de remisión y tickets en copias simples''. Además, los documentos no tenían continuidad cronológica. ''Algunos fueron 'despachados con anterioridad a la formalización del convenio de colaboración'; varios aparatos se adquirieron con 'otras personas morales'; presentó facturas de compras no relacionadas con el convenio celebrado; hizo una donación no permitida'', entre otros.
Publicidad fantasma
Sobre publicidad, Provida reportó ''gastos por 12 millones 892 mil 576 pesos, de los cuales 9 millones 745 mil 10 pesos fueron pagados a la persona moral Mercatel, SA de CV, por concepto de campaña publicitaria, renta de espectaculares y volantes, folletos y trípticos, sin que se especificaran los elementos mínimos para demostrar fehacientemente la realización de los trabajos encomendados'', por citar algunas irregularidades.
A su vez, la Auditoría Superior de la Federación subraya que la ''variación'' en los resultados de las auditorías a cargo de ese órgano fiscalizador del Legislativo y la Secretaría de la Función Pública ''no es motivo para determinar el no ejercicio de la acción penal'', pues tal variación se debe a que la Auditoría Superior incluyó la revisión de recursos entregados a Provida por la Ssa, la Lotería Nacional, mediante su fideicomiso Transforma México, y la Secretaría de Desarrollo Social; en total, fiscalizó 52 millones de pesos. Además, detectó en la Cuenta Pública 2003 y 2004, que Serrano Limón entregó ''comprobantes de gastos duplicados; gastos en ciudades donde no existen centros de Ayuda para la Mujer, lo que hace presumir la existencia del delito de peculado''.