Según informe del caso Lydia Cacho no se probaron nexos Marín-Nacif con esos grupos
Operan en México redes de prostitución de niños desde hace 20 años, dicen en la Corte
El góber precioso sólo sería culpable de confabulación para detener y apresar a la periodista
El gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, organizó la confabulación de servidores públicos de esa entidad para detener e iniciar acción legal contra la periodista Lydia Cacho, sostiene el informe que sobre el tema conocerá la próxima semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Trascendió que el documento, elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, prácticamente está concluido, y en estos días será distribuido entre los demás integrantes del máximo tribunal. En el informe se señala que desde hace más de 20 años, en diversas ciudades del país operan redes de prostitución infantil con nexos internacionales, las cuales afectan gravemente el desarrollo físico, moral, ético y sicológico de la niñez mexicana.
Respecto a la participación del llamado góber precioso en la detención ilegal de la periodista y el inicio irregular de la acción penal en contra de ésta, el informe -comentaron fuentes judiciales- plantea que sí hay elementos que involucran al funcionario estatal y otros empleados de su administración; sin embargo, no menciona que se hayan detectado nexos entre Marín y las redes de pederastia que hay en el territorio nacional.
La responsabilidad del mandatario poblano, quien hace unos días se negó a declarar en la audiencia que sostuvo con el ministro Silva Meza en la sede de la SCJN, se limita al hecho de que permitió a sus empleados detener, procesar y causar afectaciones sicológicas a Lydia Cacho, en respuesta a una petición del empresario textilero Kamel Nacif Borge.
En cuanto al problema de prostitución infantil detectado, el informe del ministro señala que no ha sido atendido por las autoridades federales, estatales y municipales del país, lo que se ha traducido en total impunidad para los responsables.
Según fuentes judiciales de alto nivel, la comisión no estableció ningún vínculo de Marín y Nacif Borge con la red de pederastia que encabezó, desde Cancún, Jean Succar Kuri, la cual fue denunciada por Cacho en su libro Los demonios del Edén, en el que da cuenta de redes de prostitución infantil en Cancún, Quintana Roo, donde además se mencionan los nombres de diversos personajes del ámbito político y económico, entre ellos el empresario textil.
Uso de influencias
En respuesta a la publicación, el empresario textilero recurrió a sus influencias con el gobernador de Puebla e interpuso una denuncia penal contra la escritora por difamación y calumnia, ante las autoridades poblanas.
La investigación contra la periodista se integró en poco tiempo, y también en pocos días se cumplimentó la orden de aprehensión.
Tras una serie de "consultas extralegales", que incluyó a diversos juzgadores del fuero común en Puebla; a la procuradora de esa entidad, Blanca Laura Villeda; a agentes policiacos y autoridades de Quintana Roo, en diciembre de 2005 se logró detener -en Cancún- a Lydia Cacho, para después trasladarla a Puebla y encarcelarla unas horas en un penal de esa ciudad.
Una de las conclusiones a que llegó la comisión especial de la Corte, integrada por los magistrados Enrique Escobedo Angeles, Emma Meza Fonseca y Sergio Alvarado Puente, bajo la coordinación del ministro Juan N. Silva Meza, fue que el llamado góber precioso se confabuló con diversos funcionarios para afectar a la escritora.
En febrero de 2006, La Jornada publicó la transcripción de varias grabaciones de telefonemas que confirmaron la relación de Nacif con Succar, así como el apoyo económico que brindó el empresario textil al presunto pederasta.
La comisión especial utilizó estas llamadas y otras pruebas que constan en poder de la SCJN para fortalecer su hipótesis de que las autoridades estatales utilizaron las instituciones públicas para afectar los derechos humanos de la periodista.
Sin embargo, los integrantes de la comisión no pudieron encontrar un nexo probado entre el góber precioso, Kamel Nacif y la red internacional de pederastia que opera desde hace 20 años en diversas entidades de la República, como Quintana Roo, Guerrero, Chihuahua y Jalisco, así como en otros países, entre ellos Estados Unidos, España, Colombia, Brasil y Venezuela.
Es decir, no se pudo llegar a la conclusión de que el empresario textilero y el gobernador de Puebla participaran activamente en los negocios de turismo sexual que se imputan al presunto pederasta Jean Succar Kuri, preso en el penal federal del Altiplano, ubicado en el estado de México.
La comisión puso énfasis en el hecho de que la red de pederastia, que inició operaciones en Cancún a mediados de los años 80, afecta a la niñez mexicana, ya que decenas de menores de edad que han sido víctimas de explotación sexual quedan dañados de por vida con severos síntomas de los síndromes de estrés postraumático y de Estocolmo.
El común denominador de los niños y niñas que son víctimas de dicha red es la pobreza. Muchos de los menores y sus padres son enganchados mediante dádivas económicas que les ayudan a solucionar sus carencias económicas.