Prioriza Calderón una visión muy estrecha de la seguridad pública, advierte
Indaga AI nuevas denuncias de abusos castrenses
Amnistía Internacional (AI) informó ayer que investiga nuevas denuncias de abusos de militares, en medio de la mayor ofensiva antidrogas en México de los años recientes, tras un informe del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien acusó a soldados de violar adolescentes durante el operativo.
Apenas asumió el gobierno, en diciembre pasado, el presidente Felipe Calderón envió 25 mil soldados y policías federales a varios estados, en un intento por detener la escalada de violencia del narcotráfico, que ha dejado alrededor de mil muertos este año.
En un informe presentado hace dos semanas por la CNDH se incluyen más de 50 denuncias contra militares por abusos, como violaciones de mujeres y tortura, que llevaron a la oposición a pedir el retiro del Ejército de la lucha contra el crimen organizado.
"Hemos recibido reportes de diferentes tipos (de abusos), principalmente de Michoacán, Guerrero, Tabasco y Chiapas", dijo a Reuters Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México, en entrevista telefónica desde Londres. "Seguimos en proceso de investigación", agregó.
Knox no quiso detallar qué tipo de denuncias indagan, pero dijo que Calderón "está priorizando una visión muy estrecha de la seguridad pública", y "no ha demostrado ni compromiso ni voluntad política para avanzar en la protección de los derechos humanos" en sus primeros meses de administración.
Muchos críticos dicen que los soldados no están preparados para este tipo de ofensiva y para trabajar codo a codo dentro de la sociedad, pero el gobierno dice que el Ejército es la única fuerza que tiene la capacidad suficiente para hacer frente a los narcotraficantes,
"Las fuerzas armadas representan una de las instituciones más admiradas y respetadas por los ciudadanos", afirma Calderón en el texto del Plan Nacional de Desarrollo, publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación.
"Recuperar la normalidad en el respeto a la ley y la convivencia social ordenada requiere que el Estado emplee los recursos con los que cuenta para combatir el narcotráfico, y la participación de las fuerzas armadas es uno de los más valiosos", señala.
"Regresar a los cuarteles"
El Ejército ha participado en la lucha antidrogas desde hace décadas, pero sólo en la erradicación de plantíos de mariguana. Con los operativos aplicados por Calderón ahora cumple funciones policiacas, que diversos sectores no ven con buenos ojos, destaca el representante de Amnistía Internacional.
El general José Francisco Gallardo, quien estuvo ocho años preso tras denunciar violaciones a los derechos humanos por soldados y pedir la creación de un defensor militar, coincide en que las fuerzas armadas no deben participar en la ofensiva contra el narco.
"El Ejército debe regresar a sus cuarteles, y que la autoridad civil retome su responsabilidad en la seguridad pública", dijo en una entrevista con Reuters.
Gallardo fue condenado por la justicia militar a 28 años de cárcel por delitos que van desde malversación hasta difamación, y algunos organismos de derechos humanos lo consideraron preso político. Pero en febrero de 2002 una orden presidencial redujo su sentencia a ocho años y fue liberado.
Gallardo cree que, además, de las violaciones a derechos humanos, la participación en la lucha contra la droga expone a los militares a ser seducidos por los cárteles de narcotráfico. "El Ejército se está exponiendo al poder corruptor del crimen organizado", advirtió.