Usted está aquí: martes 29 de mayo de 2007 Política A los criminales se les debe pegar en sus riquezas, subraya el GDF

Esperan que la mayoría de los miembros de la Conago cierre filas en apoyo a Calderón

A los criminales se les debe pegar en sus riquezas, subraya el GDF

CIRO PEREZ SILVA, JUAN CARLOS PARTIDA

Puerto Vallarta, Jal., 28 de mayo. Durante los trabajos previos a la 32 reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los mandatarios estatales "harán un cierre total de filas" en torno a la política de seguridad del presidente Felipe Calderón, y reiterarán su apoyo a la presencia del Ejército Mexicano en el combate contra el crimen organizado, como parte del pronunciamiento que en esta materia emitirán este martes.

El mandatario de Tabasco, Andrés Granier Melo, anunció además que como parte del pronunciamiento en materia de seguridad que se hará hoy en el seno de la asamblea nacional de gobernadores, presentará una propuesta particular para ser integrada al texto final sobre este tema.

En el documento se expresa que Tabasco se solidariza con Calderón Hinojosa en materia de seguridad, así como con la intervención del Ejército.

"Como gobernador de todos los tabasqueños, hago público el reconocimiento al Ejército Mexicano y a las fuerzas federales, que nos han estado ayudando vigorosamente. Nunca nos han rebasado, sino al contrario, como equipo hemos estado trabajando en Tabasco, como en muchos otros estados, en materia de seguridad, y lógicamente lo que nosotros vamos a plantear es ese apoyo irrestricto al Presidente de la República, entre otras cosas, que llevan al fortalecimiento en materia de seguridad pública", señaló en entrevista.

En el mismo sentido el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, afirmó que en este encuentro "habrá un cierre total de filas, un apoyo al presidente Calderón en la lucha que encabeza por nuestra seguridad y la de las instituciones nacionales, particularmente al Ejército Mexicano, que ha asumido un reto muy grande y enfrenta desafíos enormes en distintos puntos del país".

Adame Castillo añadió en entrevista que "el apoyo es en favor de recuperar nuestra seguridad".

A su vez, José Angel Avila Pérez, secretario de Gobierno del Distrito Federal, advirtió que en tanto no se ataquen los aspectos patrimoniales producto de los ilícitos y "por más esfuerzos que se hagan y por más sacrificios de servidores públicos que se realicen, no se podrá avanzar" en el combate a la delincuencia organizada.

En representación de Marcelo Ebrard, señaló que esa es una de las cuatro líneas que el gobierno capitalino planteará para cubrir y cercar a las bandas que existen. Dijo que para ello es necesario que todas las autoridades de cualquier orden de gobierno se dispongan a realizar este tipo de seguimiento, que en el Distrito Federal ya lleva a cabo una recién instalada unidad de inteligencia financiera que trabaja muy cercana a la Secretaría de Hacienda.

También en entrevista, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, sostuvo que la lucha contra el crimen organizado "apenas empieza", y defendió la presencia del Ejército en ese combate.

A unas horas de iniciar formalmente la sesión plenaria en esta ciudad, y mientras en Nuevo Vallarta, Nayarit, el titular de Hacienda, Agustín Carstens, se reunía con secretarios de Finanzas de los estados (a quienes presentó los avances de la propuesta de reforma fiscal), los gobernadores coincidieron en que la seguridad sigue siendo "la primera condición" que reclama el país para prosperar.

Este tema será abordado por los mandatarios estatales a partir de lo que acordaron sus procuradores en la conferencia nacional que los reunió en San Luis Potosí primero y luego en la ciudad de México, y que contempla la instalación de una mesa interinstitucional que coordine los esfuerzos a escala estatal y nacional.

En este caso se tratarán asuntos como el narcomenudeo, el robo de autos y camiones de carga pesada, secuestro y extorsión, entre otros, en los cuales, se adelantó, habrá de privilegiarse el intercambio de datos de estado a estado, y de las entidades hacia la Procuraduría General de la República, a efecto de recuperar las condiciones mínimas de seguridad en el país ante el embate del crimen organizado.

 
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