"Especulaciones", lo dicho por Ricardo Monreal
Rechazan consejeros que el narco haya pagado anuncios
En los próximos días se reunirá la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) para precisar los alcances de los procedimientos oficiosos que se iniciarán contra todos los partidos políticos.
Por lo pronto, de los dictámenes aprobados se desprende que, en el caso de la coalición Por el Bien de Todos, dichos procedimientos serán aproximadamente de un monto global de 122 millones de pesos, que presuntamente no justificó en la adquisición de anuncios.
Por otro lado, los consejeros Virgilio Andrade y Rodrigo Morales consideraron una especulación las afirmaciones del senador perredista Ricardo Monreal de que dinero procedente del narcotráfico habría llegado a las campañas electorales. El primero manifestó que la verdad se habrá de conocer una vez concluida las indagatorias sobre el origen del financiamiento de los 281 mil anuncios y el IFE habrá de investigar antes de lanzar cualquier acusación.
A su vez, Morales señaló que, por el momento, el instituto no tiene elemento alguno para presumir esa situación: "Quiero suponer que del anuncio de la presentación de una denuncia es que se tienen las pruebas para acreditarla. Lo que debe quedar claro por ahora es que los promocionales no reportados o ingresos no acreditados no tienen nada que ver con esas afirmaciones".
A diferencia del proceso de fiscalización que concluyó el martes por la madrugada con la aprobación de las multas por 99.2 millones de pesos, en esta ocasión el IFE sí habrá de utilizar el contenido de las reformas de la Ley Federal de Radio y Televisión, que facultan al instituto a solicitar información a los medios de comunicación, que ahora son sujetos obligados para remitirla a la autoridad electoral.
Así lo dio a conocer el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, quien señaló que el hecho de que durante la fiscalización no se haya utilizado obedeció, en parte, a que este procedimiento está basado centralmente en los informes que presentan los partidos sobre sus gastos de campaña.
Por eso, añadió, es incorrecto que los partidos señalen que el IFE pretendió "arrojarles la carga de la prueba", cuando precisamente la fiscalización está basada en la obligación que tienen, por ley, de acreditar todos sus gastos de campaña. Y si ellos contrataron y gastaron los recursos, ellos deberían haber acreditado puntualmente todas sus erogaciones y no lo hicieron.
En contraste, al determinarse que se iniciarán procedimientos oficiosos para esclarecer por qué se transmitieron 281 mil espots que no fueron acreditados por los partidos, es el instituto el que asume esta investigación. Por ende, es la instancia que debe acreditar que efectivamente no existe el respaldo documental de los promocionales que le fueron reportados.
Cuestionado sobre la viabilidad de aplicar las reformas legislativas ahora, Gómez Alcántar señaló que los medios de comunicación no tendrían por qué apelar al hecho de que fue en 2007 cuando entró en vigor esta parte de la legislación. "Conforme al marco jurídico que nos rige, cuando los cambios se refieren a los procedimientos, no existe ninguna posibilidad de cuestionar eventualmente su posible efecto retroactivo", aclaró.
Explicó que la solicitud por esta vía no afecta a los medios de comunicación y, en su caso, tampoco a los partidos políticos, "porque lo que estamos tratando de investigar es algo que ellos tenían la obligación de reportarnos".