Anuncia el comienzo de procedimientos para indagar el financiamiento de 281 espots
Entre cuestionamientos, se apresta el IFE a multar por $97.4 millones a partidos
La autoridad se enredó con su monitoreo: PRD
Ugalde rechaza actuar de mala fe
En medio de descalificaciones de los partidos políticos, que cuestionaron la certeza y el apego a la legalidad de las acciones de autoridad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) se aprestaba anoche a aprobar multas a todos los partidos y coaliciones participantes en los comicios de 2006 por 97.4 millones de pesos. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Andrés Albo, anunció el inicio de una veintena de procedimientos oficiosos para investigar los 281 mil espots no reportados por los partidos políticos, sin abdicar de su responsabilidad.
Al cierre de esta edición, los representantes partidistas que habían intervenido habían cuestionado la certeza de la actuación del IFE. Inclusive, la panista Dora Alicia Martínez señaló que no descartaba la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra el inicio de esos procedimientos por tener duda de su legalidad. Al mismo tiempo, negó "tajantemente" que el PAN hubiera negado a la comisión información sobre los contratos en medios.
El representante del PRD, Horacio Duarte, fue irónico al cuestionar el desempeño del IFE: "no pudieron determinar dónde quedaron los 281 mil espots, como tampoco pudieron frenar al presidente Fox, con todo y que ahora se lamente el consejero presidente". Subrayó que los denominados procedimientos oficiosos, "que son una forma de darnos gato por liebre", en el fondo lo que esconden es que la autoridad se enredó con su monitoreo, no le sirvió porque estuvo mal hecho y ahora no sabe qué pasó con los mensajes promocionales en medios.
"Estamos ante un hecho inédito"
Hacia la medianoche, el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, salió a responder las acusaciones de "actuación facciosa y mala fe" del IFE contra los partidos: "no se actúa de mala fe, se trata de garantizar la legalidad, de dar cuentas a la ciudadanía de lo que se gastó. La sociedad exige conocer el destino de esos recursos, que incluyen una cantidad muy importante de recursos públicos. Estamos ante un hecho inédito donde no se conoce el origen de quién pagó 281 mil espots, el 37 por ciento de la publicidad política de 2006".
Sostuvo que el inicio de estos procedimientos tiene como objetivo transparentar lo ocurrido en el proceso electoral y deslindar responsabilidades de quien pagó estos promocionales. "Si no sabemos en su totalidad qué pasó -dijo en alusión a los cuestionamientos de Duarte- es porque los partidos no entregaron toda la documentación conforme lo establece la legalidad".
Ugalde destacó que el fenómeno del desconocimiento del origen de 281 mil espots "afecta la transparencia del sistema de partidos y puede en un futuro afectar la salud de la democracia". En este proceso de esclarecimiento del origen de los espots, los medios deben corresponsabilizarse con el IFE y los partidos para conocer exactamente cuál fue el destino de 70 por ciento de los recursos que gastaron los partidos -en gran parte de origen público- y que fueron a parar a los medios de información.
Paradójicamente, entre los partidos que integraron la Alianza por México no fue el PRI, sino el PVEM el que criticó más ácidamente el comportamiento de los consejeros en la fiscalización. Sara Castellanos sostuvo que los elementos en que se sustenta la fiscalización parten de supuestos discutibles y llegan a conclusiones igualmente cuestionables. El priísta Alfredo Femat habló de que falta verificar el desenlace de los procedimientos oficiosos para determinar si van a generar la certeza que se requiere.
Albo reivindicó desde su intervención inicial la legalidad y viabilidad de los procedimientos oficiosos, los cuales, dijo, no prejuzgan sobre la existencia de irregularidades, Simplemente "es el inicio de las investigaciones", pero también, "hay que dejarlo claro, esto no implica abdicar de las responsabilidades, pues si se concluye de las indagatorias que se cometieron irregularidades, se sancionará en consecuencia".
El representante del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez, destacó la actuación conjunta de los partidos para confrontar los "errores graves" que se desprendieron del monitoreo de Ibope. Criticó la actuación revanchista que tuvieron los consejeros electorales, la cual comparó con la unidad de los partidos en esta fase de la fiscalización. Es una actuación que se da en forma legítima a partir de una interlocución que pudiera no sólo servir para esta coyuntura, sino para otras acciones, dijo.
En medio de las críticas provenientes de todos los partidos, los consejeros, Virgilio Andrade y Lourdes López salieron a rebatir las críticas partidistas. Andrade destacó que el procedimiento había respetado el derecho de los partidos, al punto de que a lo largo de los plazos para corregir errores y omisiones los partidos pudieron subsanar seis de cada 10 irregularidades señaladas.
A su vez, López consideró lógicos los reclamos partidistas, pero destacó que el propósito de la fiscalización no es en sí mismo "sancionar a los partidos, la sanción es una consecuencia de las irregularidades detectadas". Destacó que en buena medida "las sanciones tienen una dimensión distinta a la esperada", a la luz de las experiencias anteriores. Sin embargo, destacó la importancia que tendrán los procedimientos oficiosos para investigar lo sucedido en torno a los 281 mil espots no reportados.
Durante su intervención, el perredista Horacio Duarte fue irónico en cuestionar el papel de los consejeros: "Si fueran integrantes del Banco de México no sabrían de dónde vendrían millones de dólares; si fueran Ministerio Público, no sabrían quien mató a Colosio".
La panista Dora Alicia Martínez deslizaría una comparación para subrayar que "votar por el PAN es más barato": el voto por el PAN costó 38.99 pesos; por la Coalición por el Bien de Todos, 41.79, y por la Alianza por México, 69.67 pesos.