Reserva la PGR averiguaciones contra la maestra
La Procuraduría General de la República (PGR) reservó por 12 años las averiguaciones previas integradas en contra de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Morales Gordillo.
La dependencia incluso reservó los números de expedientes sobre dichas indagatorias, con el argumento de que se "causaría un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos", entre otras. Destacó que sólo podrán tener acceso a las averiguaciones referidas "el inculpado, su defensor, y la víctima o el ofendido, o su defensor en caso de que lo hubiere".
La referida confidencialidad será evaluada este miércoles por el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), luego de que un ciudadano interpusiera un recurso de inconformidad. El caso, registrado con el expediente 488/07, corresponderá al comisionado Alonso Gómez Robledo, quien deberá proponer resolución.
Cabe destacar que en marzo de 2003, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigieron a la PGR que no diera carpetazo a la investigación que se inició en contra de la lideresa del magisterio por su posible responsabilidad en la muerte y desaparición de más de cien profesores, entre ellos Misael Núñez.
Dicha investigación, que incluye al ex dirigente magisterial Carlos Jonguitud Barrios, estuvo a cargo de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (Fesmospp).
Sin embargo, en abril de 2003 la Femospp se declaró incompetente para llevar el caso y turnó a la Subprocuraduría "A" de la PGR dos indagatorias iniciadas contra Gordillo y Jonguitud: la PGR/FEMOSPP/026/2002 y PGR/ FE-MOSPP/037/2002, respectivamente.
En mayo de ese año, esa subprocuraduría envío a consulta de no ejercicio de la acción penal esas acusaciones, por "constituir hechos juzgados" y "no existir pruebas" para fincar el delito de homicidio. Cabe destacar que conforme a la Ley Federal de Transparencia, procede la desclasificación cuando alguna averiguación previa ha causado estado o se ha determinado el no ejercicio de la acción penal.