Editorial
¿Y quién vigilará al vigilante?
El presidente Felipe Calderón encomendó ayer al jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, establecer un mecanismo para garantizar que los programas sociales federales cumplan con su propósito, sin favoritismos o partidismos. "No se debe gobernar para servir a un partido, así sea el propio", dijo el mandatario, en el contexto de la asamblea extraordinaria de la organización Alcaldes de Acción Nacional AC.
"Que quede claro, así como no le voy a dar más a un alcalde por ser del PAN, tampoco voy a permitir que se le dé menos a uno por no ser del PAN", agregó. Sin embargo, el nombramiento de Mouriño para llevar a cabo esa tarea de vigilancia genera muchas dudas, pues el funcionario de Presidencia ha sido acusado, precisamente, de usar recursos federales con fines electorales y para favorecer a militantes en los procesos de selección internos del PAN, tanto para delegados de las dependencias federales como para candidatos a puestos de elección popular. Esas denuncias no provienen sólo de la oposición -en particular PRI y PRD-; integrantes del mismo partido blanquiazul han señalado esas prácticas, que recuerdan a los métodos del viejo priísmo.
Paradójicamente, un priísta es de los que más han arremetido contra ese uso discrecional de los dineros públicos. El senador Manlio Fabio Beltrones denunció en Yucatán el "activismo" de Mouriño, para convertir los comicios del 20 de mayo en una elección de Estado. En el PAN, en tanto, crece el descontento por la decisión del jefe de la Oficina de la Presidencia de controlar la designación de delegados de todas las dependencias federales, sin tomar en cuenta ni siquiera a los secretarios de Estado. El senador coahuilense Ernesto Saro Boardman criticó "que en algunas regiones se dé esa pugna entre el Ejecutivo y el partido sobre quién pone los delegados. Se me hace muy pobre, es algo que en Acción Nacional criticamos toda la vida, y no me parece justo que lleguemos y pretendamos hacerlo nosotros".
Las acusaciones de mal uso de recursos públicos involucran también a otros panistas pertenecientes al grupo de Mouriño, como Juan Blanco Zaldívar, alcalde de Chihuahua, quien ha sido acusado por militantes de su partido de utilizar la estructura de la alcaldía y los programas sociales para influir en los procesos de selección internos, lo que habla de una ofensiva a escala nacional para hacer a un lado a contrincantes políticos, como los emanados del grupo de Manuel Espino.
Ciertamente es urgente establecer un mecanismo para evitar que esas prácticas sigan prevaleciendo en el ámbito político mexicano. Sin embargo, dada la reputación de Mouriño y de los miembros de su grupo, dejarlo al frente de dicha iniciativa manda señales negativas al país, cansado de la corrupción generalizada que afecta a la clase política en general, y a funcionarios de todos los niveles y partidos, en particular.
Para el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta, se trata de una "decisión cínica", como "poner la Iglesia en manos de Lutero" o nombrar a Diego Fernández de Cevallos para que acabe con el tráfico de influencias.
El jefe de la Oficina de la Presidencia tiene, en los hechos, un gran poder, y únicamente rinde cuentas al Presidente. Su área de acción es prácticamente ilimitada. En este contexto, el abuso del poder es un riesgo real. Su nombramiento para llevar a cabo esa tarea deja muchas dudas acerca del verdadero motivo de la encomienda presidencial.
Sería sano, por el contrario, que el gobierno federal buscara a la persona o dependencia ideal para realizar la labor de vigilancia de los recursos destinados a programas sociales, y que instalara métodos para demostrar, de forma transparente y oportuna, que ese dinero va a parar a gente que realmente lo necesita -sin distinción partidista alguna- y no al partido en el gobierno, para fines electorales. En todo caso, de seguir adelante con el proyecto, Calderón debería ponerle un vigilante a su vigilante, para demostrar que sus palabras son serias.