Usted está aquí: viernes 11 de mayo de 2007 Opinión Universidad Pública de Tijuana

Jaime Martínez Veloz

Universidad Pública de Tijuana

Es reconocido universalmente que la educación, uno de los derechos fundamentales del hombre, es el mejor igualador social, el medio más adecuado para el acceso a mejores niveles de bienestar y la base más sólida para que una sociedad se encamine y continúe en la ruta del progreso y el desarrollo.

En Baja California, la educación forma parte de un sistema social más amplio en el que aún perviven situaciones de inequidad e injusticia, que frenan el desarrollo de las personas y de la colectividad. Un sistema que imposibilita que miles de jóvenes de Tijuana y del resto de los municipios puedan lograr sus metas, precisamente por la falta de alternativas educativas de nivel superior al alcance de sus posibilidades.

La educación se ha elitizado y convertido en algo sólo para unos cuantos. Las opciones de los jóvenes que no cuentan con recursos para estudiar en una universidad privada o para aquellos que no tienen la posibilidad de asistir a la universidad autónoma del estado son muy pocas: trabajar en maquiladoras, dejando la vida en largas jornadas con bajo salario; irse a buscar oportunidades en otros estados o preferentemente hacia Estados Unidos como trabajadores ilegales, con todos los riesgos que implica; caer en la delincuencia o en las garras de la drogadicción, ya que la región es zona de alto tráfico; y en no pocos casos, las mujeres jóvenes se ven orilladas a la prostitución. ¿Cuántos de éstos y de estas jóvenes poseen un verdadero talento, que al no continuar sus estudios se desperdicia en perjuicio propio, de la sociedad y de México? Los jóvenes, sobre todo los más pobres, parecieran no importar a los gobernantes.

Es inaceptable para la Tijuana del siglo XXI que nuestros jóvenes vean frustradas sus naturales inquietudes, aspiraciones y esperanzas, porque no existan suficientes instalaciones educativas de los niveles medio superior y superior a su alcance, en las que puedan continuar sus estudios aun cuando posean pocos recursos. No edificar más escuelas en estos niveles es condenar a muchos de ellos a una vida de frustración y fracaso, en el mejor de los casos. En el peor, es contribuir a engrosar las filas de la delincuencia, la drogadicción y la trata de blancas. La situación de los jóvenes de Tijuana puede y debe cambiar. Por ello, deben crearse más preparatorias -entiéndase escuelas de nivel medio superior- y una universidad pública, cuyos fines y características pueden ser los siguientes.

La Universidad Pública de Tijuana (UPT) habría de preocuparse no solamente por la docencia, la investigación y la difusión cultural, sino por adoptar un papel más participativo en relación con el estudio y la comprensión de los problemas públicos de interés general. Debe, además, crearse considerando las particularidades de la sociedad en la cual se encuentra inmersa.

Desde luego, sería una universidad pública, gratuita y de calidad con carácter eminentemente social, al constituir la alternativa principal para los estudiantes de bajos recursos, quienes tendrían a su alcance el conocimiento y los estudios que les permitan elevar sus niveles de vida y los de su familia, y con ello cerrar la brecha entre la pobreza y la riqueza que hoy tiende a acrecentarse.

La UPT cultivaría la libertad de pensamiento, de cátedra y de expresión como valores fundamentales y permanentes en la búsqueda de la verdad y en el quehacer universitario; habrá de ser científica y estar dotada de los medios materiales más modernos y funcionales, e instalaciones adecuadas, mobiliario, equipo, acervo bibliográfico y hemerográfico, material didáctico suficientes, así como los recursos humanos que le permitan generar nuevos conocimientos que contribuyan al desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología en el país, y contar con planes de estudios que respondan a la realidad y las necesidades contemporáneas, que serían revisados periódicamente, con el fin de que transmita conocimientos de vanguardia en beneficio de la sociedad y del sector productivo.

La UPT sería crítica, al servicio de las mejores y más nobles causas y fuente del cambio social, bajo una mística de compromiso para un mundo mejor. La universidad que proponemos estaría abierta al debate sobre el destino de la ciudad, del estado y del país, y no sería ajena a la problemática de otras latitudes de América y del mundo; por estar en la frontera, postularía con firmeza la defensa de la soberanía y los intereses nacionales. Sería democrática, considerando que los órganos colegiados de decisión y las autoridades universitarias se elegirían libremente, estando estas últimas sujetas a la rendición de cuentas y a la permanente supervisión del ejercicio de los recursos. El Estatuto Universitario sería elaborado por los propios universitarios.

Visualizamos a la UPT como verdaderamente universal y políticamente plural, en la cual cabrían todas las ideas, sin dogmatismos, y, por lo mismo, en sus aulas podrían argumentarse y debatirse las distintas corrientes sociales, económicas y políticas del pensamiento de nuestro tiempo, sean éstas conservadoras o revolucionarias, y donde la búsqueda de la verdad, el conflicto y el desacuerdo, enriquezcan las perspectivas de la comunidad universitaria y se diriman con la altura propia de los universitarios, lo cual fortalecería a la institución.

Estamos a tiempo de construir un mejor futuro, aquel que puede ser edificado por una universidad que, desde donde empieza la patria, produzca frutos generosos de humanismo, de conocimiento, de amor hacia al ser humano, al país y al planeta, y en consecuencia, responda a los retos cada vez mayores de la realidad del siglo XXI que nos tocó vivir.

 
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