Usted está aquí: viernes 11 de mayo de 2007 Capital Cárcel a médicos que cumplan la ley local sobre aborto: Córdova

También se les retirará la licencia para ejercer, advierte el titular de Salud

Cárcel a médicos que cumplan la ley local sobre aborto: Córdova

Pueden realizar legrados, sí, pero fuera de los nosocomios públicos federales, señala

AMIR OLIVARES ALONSO

Ampliar la imagen José Angel Córdova Villalobos, titular federal de la Secretaría de Salud, fijó ayer la postura de la dependencia sobre el aborto José Angel Córdova Villalobos, titular federal de la Secretaría de Salud, fijó ayer la postura de la dependencia sobre el aborto

El titular de la Secretaría de Salud federal, José Angel Córdova Villalobos, advirtió a los médicos que laboran en las clínicas federales del sector salud en la ciudad de México que de practicar un aborto antes de las primeras 12 semanas de gestación -tal y como lo aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal- serán sancionados con la pérdida de licencia para ejercer su profesión y la privación de la libertad debido a que la despenalización de la interrupción voluntaria de un embarazo se autorizó sólo a nivel local.

Entrevistado tras participar en la ceremonia de inauguración de las obras de remodelación del Hospital de la Mujer, el funcionario sentenció que un médico que labora en una institución de salud federal "puede afuera sí realizar una interrupción voluntaria del embarazo, pero las instituciones federales caerían en responsabilidad", debido a que el Código Penal Federal penaliza a los galenos que practiquen la interrupción de un embarazo antes de las 12 semanas, pese a que la mujer así lo solicite.

"La ley federal penaliza a los médicos que realicen un aborto en una institución federal (...) el Código Penal Federal establece, aparte de la privación de la libertad y la sanción económica, también la sanción del ejercicio de la profesión, que, dependiendo en las condiciones que se cometa, puede ser de varios años", aseguró Córdova Villalobos.

El secretario de Salud federal señaló que en caso de que las mujeres acudan a las clínicas federales en la ciudad de México para interrumpir de manera voluntaria su embarazo, serán canalizadas a hospitales locales. Y aclaró que los nosocomios pertenecientes a la dependencia a su cargo sí realizan abortos:

"Hay que entender y no confundir, aborto es el hecho de la expulsión del producto, nosotros atendemos en el país 400 mil al año, o sea, muchas mujeres que llegan en un proceso de aborto ya en evolución y se les atiende; pero interrupción voluntaria del embarazo es otra cosa, en estos casos sí está penalizado por la ley federal, no por la local, entonces lo que se hará es enviarlas (a las mujeres que lo soliciten) a las instituciones del Distrito Federal, y las vamos a apoyar".

En tanto, el secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Manuel Mondragón, señaló que tiene la conciencia tranquila por lo que no le preocupa la amenaza de excomunión que hiciera el pasado miércoles el papa Benedicto XVI en contra de los políticos mexicanos que aprobaron y apliquen la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo.

"Nosotros cumplimos con nuestro deber institucional, cumplimos con la ley y estamos haciéndolo, no entro en esa polémica, cada quien atiende su conciencia, yo tengo la mía y la tengo muy tranquila. Estoy cumpliendo con mi deber como médico, como jefe de familia, como ciudadano y como servidor público".

Mondragón agregó que el GDF respetará la objeción de conciencia de los médicos que se nieguen a realizar los abortos, por lo que no se les obligará a realizar dicha práctica. "No habrá castigo, vamos a respetar a los objetores de conciencia y esta posición es subrayada completamente; es tan respetable los objetores como los no objetores", dijo.

Por separado, tras participar en una conferencia sobre VIH sida, Teresa Rodríguez, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, señaló que aunque "es respetable" la postura de la Iglesia, las políticas públicas para salud y derechos humanos deben estar por encima de posturas religiosas o personales de cualquier tipo debido a que los derechos de las mujeres deben garantizarse, ello ante la amenaza del Papa de excomunión.

 
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