Amagan asambleístas del PAN con solicitar la remoción del ombudsman
Aplaude diputada del PRD decisión de la CDHDF de no interponer recurso de inconstitucionalidad
La diputada perredista Leticia Quezada, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), calificó como "muy acertada" la decisión de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) de no interponer un recurso de inconstitucionalidad por la despenalización del aborto. "Se protegen los derechos de las mujeres", acotó.
Contrario a la diputada perredista, la fracción de Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa amenazó con solicitar la remoción del presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, si no rectifica su decisión. "Insistiremos en que no sea la comisión la que delibere sino que simplemente responda a su obligación jurídica y sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que, en todo caso, determine sobre la inconstitucionalidad de las reformas", advirtió el legislador Alfredo Vinalay Mora.
En conferencia de prensa, los diputados locales del blanquiazul, Kenia López, Alfredo Vinalay, Ezequiel Rétiz y Jacobo Bonilla, aseveraron que el ombudsman se convirtió en "juez, parte, verdugo y parapeto de los derechos humanos en la ciudad de México".
El diputado Bonilla enfatizó que la decisión de la CDHDF pone en crisis a los derechos humanos en el DF. "Alvarez Icaza tiene la oportunidad de rectificar y darse cuenta de que no es un ente político, sino el protector de los derechos humanos".
Kenia López Rabadán remarcó que el ombudsman "se convirtió en juez, tomó una definición, no escuchó los alegatos, no hubo derecho de audiencia, simple y sencillamente la Comisión de Derechos Humanos dijo no le entramos al tema".
Por su parte, la diputada panista María de la Paz Quiñónez informó que alrededor de una veintena de médicos, enfermeras y técnicos de enfermería de hospitales del Gobierno del DF le han solicitado información sobre las reformas en materia de aborto, así como los trámites que deben hacer en caso de que decidan ampararse para no llevar a cabo un legrado.
La legisladora, que mostró los correos electrónicos, prefirió no dar los nombres de los remitentes, para evitar cualquier tipo de represalia. "Es información de tipo confidencial", remarcó.