Lamentan funcionarios y académicos que se incremente el clientelismo electoral
Crece la exigencia de que se blinden los programas sociales del gobierno
La participación ciudadana es fundamental para proteger los recursos públicos: PNUD
Funcionarios, académicos y expertos nacionales y extranjeros se pronunciaron ayer por lograr verdaderos blindajes para los programas sociales que combaten la pobreza en América Latina, consideraron el clientelismo electoral como un grave problema para obtener resultados positivos en los proyectos enfocados a la sociedad, urgieron a inhibir la utilización político-electoral de esos programas y a garantizar condiciones de equidad.
Con el objetivo de posicionar el tema de la protección de los programas sociales en la agenda pública latinoamericana, tanto desde la perspectiva de derechos como de desarrollo institucional, así como proponer una agenda de reformas pendientes sobre el tema, a partir de un análisis de los logros y limitaciones de las estrategias e instrumentos de política pública para la protección y el monitoreo de dichos programas sociales aplicados en América Latina, una media centena de funcionarios, académicos y expertos nacionales y extranjeros participa a partir de este miércoles y hasta el viernes en el seminario internacional Candados y derechos: protección de programas sociales y construcción de ciudadanía, organizado secretarías de Estado, instituciones de México, así como por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Thierry Lemaresquier, representante del PNUD en el país, destacó en su participación la importancia de encontrar mecanismos que eviten que los programas sociales sean utilizados con objetivos electorales.
En el primer día de trabajo del seminario, Lemaresquier dijo que países como México han avanzado en establecer candados normativos para proteger el derecho de las personas a recibir programas sociales sin condicionamientos, pero destacó que no existe mejor protección que la participación ciudadana y el fortalecimiento de una cultura de defensa de las garantías.
El reto, agregó, consiste en consolidar y profundizar los logros obtenidos, expandiéndolos más allá de los contextos estrictamente electorales, con el propósito de que no sólo se protejan los programas sociales, sino fundamentalmente el derecho de las personas a recibir los apoyos sin condicionamientos.
"Los desvíos de recursos humanos, financieros y materiales con fines proselitistas, desvirtúan los esfuerzos de combate a la pobreza y amenazan con agravar la desigualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y políticos", subrayó el representante en México del PNUD.
El comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio, se pronunció a su vez porque la información relativa a los patrones de beneficiarios como el del programa Oportunidades que maneja la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) -incluyendo la localidad donde habita cada beneficiario- sea pública y de fácil acceso, porque garantizaría la legalidad y la pertinencia de cada subsidio, "como una forma de envolver a los programas en un adecuado contexto de rendimiento de cuentas".
Al participar en el seminario internacional, Lujambio afirmó que el derecho a la información no es una moda o un lujo tecnocrático sino una auténtica necesidad para la nación.