Usted está aquí: miércoles 25 de abril de 2007 Política Reforman artículo 6º constitucional para garantizar la transparencia

Unicamente de manera excepcional, la información pública podrá ser reservada

Reforman artículo 6º constitucional para garantizar la transparencia

Por unanimidad, aprueba el Senado modificaciones para anular los condicionamientos

En San Lázaro, luz verde a cambios para que en el Infonavit también haya más apertura

VICTOR BALLINAS, ANDREA BECERRIL, ROBERTO GARDUÑO, ELIZABETH VELASCO

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al artículo sexto de la Constitución, la cual permitirá garantizar que toda la información en poder de cualquier autoridad, entidad, organismos federales, estatales y municipales sea pública, y que sólo pueda quedar reservada temporalmente -de manera excepcional- por razones de interés nacional aquella que, si fuera divulgada, pudiera afectar un bien valioso para la comunidad.

La reforma aprobada ayer por 108 votos en favor y ninguno en contra subraya que "en la democracia, por regla general, toda la información pública debe estar disponible para quien la solicite, pero los datos que conciernen a la vida privada de los individuos y que obran en poder del Estado deben reservarse en tanto no exista un interés público acreditado plenamente que justifique su difusión".

Entre tanto, el pleno de la Cámara de Diputados reformó la Ley Federal de Transparencia, con el propósito de incluir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el catálogo de los sujetos obligados a la rendición de cuentas.

Con 404 votos en favor, la minuta enviada por el Senado de la República a San Lázaro modifica el artículo 61 de la citada ley y le agrega un cuarto transitorio, para terminar definitivamente con la opacidad imperante en el manejo de información de parte del citado instituto.

Por la mañana, aun antes de la aprobación de esas reformas, el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, se congratuló de la aprobación en el Senado de la modificación al artículo sexto constitucional.

Ante un amplio auditorio que asistió a la Conferencia Nacional con los Organos Garantes de Acceso a la Información de México, en la sede del IFAI, dijo que el mérito de esa reforma se lo llevan los legisladores en su conjunto y los cinco gobernadores que impulsaron esas modificaciones.

Y declaró: "El acuerdo en lo oscurito (entre las instancias de gobierno) va a terminar con esta enmienda".

Entrada la tarde, el secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, también felicitó a los legisladores por la decisión asumida en este tema. Confió en que las legislaturas de todas las entidades federativas aprueben esa reforma a la Carta Magna.

En cuanto a la modificación al artículo sexto constitucional aprobada en el Senado, cabe precisar que establece una limitación universal sin temporalidad e infranqueable al derecho de acceso a la información pública en lo que "se refiere a la protección de la vida y los datos personales".

La reforma obliga a todos los órganos del Estado a transparentar su información, eleva ese derecho al rango de garantía individual y autoriza el principio de máxima publicidad.

Aún más: el acceso a la información no puede estar condicionado, no se debe exigir el cumplimiento de complicados requisitos de identificación y no se pueden "establecer condiciones que permitan a la autoridad, de manera discrecional, juzgar sobre la legitimidad del solicitante".

Asimismo, se obliga a la creación de de órganos y organismos especializados e imparciales con autonomía operativa y de gestión y decisión en los municipios, estados, a nivel federal y en la capital del país, entre otros aspectos.

Se establecen plazos de un año para que la Federación, los estados y el Distrito Federal expidan las leyes reglamentarias en la materia.

Mientras tanto, en el Palacio Legislativo de San Lázaro fue posible incluir al Infonavit en la rendición de cuentas, luego de una propuesta del diputado priísta Diego Aguilar, quien sostuvo que por su carácter de autónomo ese instituto administra recursos públicos sin contar con la fiscalización ni control directo del gobierno federal.

Por tal razón, planteó que dicho órgano se incluyera en el artículo 61, como ocurre con los poderes Legislativo y Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal y el resto de los órganos constitucionales autónomos.

 
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