Usted está aquí: sábado 21 de abril de 2007 Política Propone el PRD construir un acuerdo nacional anticrimen

"Legalizar el consumo de drogas acabaría con el narco"

Propone el PRD construir un acuerdo nacional anticrimen

ANDREA BECERRIL

La fracción del PRD en el Senado propuso construir desde el Congreso y a partir de la Reforma del Estado, un Acuerdo Nacional contra el Crimen Organizado, que incluya el retiro del Ejército de labores contra el narcotráfico y la delincuencia, en el corto o mediano plazo, además de abrir una reflexión seria sobre la legalización del consumo de drogas, a fin de desmontar un negocio que mueve más de 30 mil millones de dólares al año.

El secretario de la Comisión de Seguridad Pública, René Arce Islas, presentó ayer la propuesta, en la que el PRD plantea también la necesidad de depurar las corporaciones policiacas -infiltradas por el narcotráfico- además de fortalecer los instrumentos jurídicos para un mejor combate de la delincuencia.

Precisó que preocupa sobremanera a los perredistas que a pesar de los operativos militares puestos en marcha por el gobierno federal en ocho entidades, las bandas criminales que operan en el país, hayan incrementado las ejecuciones de policías, agentes del Ministerio Público e incluso soldados.

Siete de cada diez ejecuciones se han dado en las entidades donde están en marcha los operativos militares -a cargo de 30 mil elementos castrenses- lo que prueba que se requiere una estrategia integral, que permita la participación ciudadana y contemple varias líneas de acción.

Entre ellas, acabar con el negocio del narcotráfico vía la legalización del consumo de drogas. "Evidentemente es una acción radical que genera mucha controversia, pero si la analizamos con madurez y serenidad, evaluando los pros y los contras, los riesgos y potenciales beneficios, no habría que descartar, en determinado momento, el poder llegar a un acuerdo tipo que, desde nuestro punto de vista y de muchos especialistas, acabaría con el narcotráfico y la delincuencia que lo acompaña".

El senador Arce consideró que al legalizar la droga se desmontaría la base en que se sustenta su comercio ilícito. Paralelo a ello, agregó, se pondrían en marcha medidas para abatir el consumo de estupefacientes.

Dentro de esa estrategia integral se incluye la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno en el combate a la delincuencia y que sean las corporaciones policíacas las encargadas de los operativos, ya que el Ejército no debe ser la fuerza principal ni es conveniente que permanezca indefinidamente al frente de los mismos.

Explicó que en el corto o mediano plazo, el Ejército debe salir de los operativos, toda vez que se expone a las fuerzas armadas a ser blanco de la violencia de las bandas criminales o a ser infiltrado.

El ejemplo colombiano

Recordó que en Colombia, donde se combate el crimen organizado con el Ejército y la policía desde hace más de diez años, ha sido evidente el fracaso y el surgimiento de grupos paramilitares.

Otra de las acciones efectivas que se deberán impulsar, expuso, es la investigación financiera de los cárteles de la droga, concretamente de los flujos de dinero producto del narcotráfico, de las operaciones de lavado de dinero y los depósitos en los paraísos fiscales.

Ello significa "la posibilidad de golpear a los capos donde más les daña: sus ganancias". Por ello es parte de la propuesta de Acuerdo Nacional contra el Crimen Organizado, que se propone impulsar desde el Congreso.

El perredista agregó que en su bancada están de acuerdo en que se requiere fortalecer los instrumentos jurídicos y legales del Estado, para combatir la inseguridad originada por el crimen organizado, pero por medio de una reforma a fondo, que transforme el sistema de justicia penal para convertirlo en uno acusatorio. Que además otorgue plena autonomía al Ministerio Público y dé a las víctimas la facultad de intervenir en el proceso.

Adelantó que buscarán el apoyo de las otras fuerzas políticas en el Senado, para que ese acuerdo sea el eje de un compromiso de Estado, en el que además se abra cauce a la participación efectiva de la sociedad, a fin de que ésta evalúe las acciones que se emprendan y sus resultados.

 
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