Exige la liberación de los jóvenes detenidos en Yucatán
Para el gobierno, quien piense diferente es un criminal: PRD
El proceso puesto en marcha para detener a los jóvenes que protestaron contra la visita del presidente de Estados Unidos a Yucatán es muestra clara del uso de la fuerza pública y de la manipulación de la ley por parte del gobierno federal para reprimir a quienes considera "peligrosos", sólo por tener ideas diferentes, afirmó la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de demandar la inmediata liberación de los jóvenes aprehendidos.
Recordó que 22 jóvenes permanecen detenidos en Yucatán, acusados de delitos graves, sin derecho a libertad bajo caución, por haber participado en una manifestación conjunta a la que atribuyen el carácter de pandilla, sin tener siquiera imputación directa por los delitos cometidos.
Menciona que a los jóvenes se les detuvo horas después de su participación en una marcha de protesta a la visita del mandatario estadunidense bajo el criterio de "cuasiflagrancia". Según la autoridad ministerial, así pretenden que "flagrancia" significa que fueron detenidos en domicilios particulares sin que precediera orden de aprehensión dictada por un juez, hechos violatorios de la Constitución y de las convenciones internacionales ratificadas por México.
En un comunicado, la dirigencia perredista, por medio de Marcela Nolasco Pastoriza, secretaria de derechos humanos, asevera que durante la detención se les mantuvo incomunicados por un lapso promedio de 20 horas, en las que no se les permitió hablar con su familiares ni con sus abogados, y mucho menos ver a médicos para que los atendieran las múltiples lesiones que sufrieron durante la captura, circunstancias que acreditan tortura, inaceptable desde cualquier punto de vista.
Durante esas 20 horas se les tomó declaración ministerial, sin ser asistidos por abogados, ni particulares, ni de oficio, lo que acumula otra violación a sus derechos constitucionales.
Las autoridades acusan a los jóvenes de daños menores al haber municipal -puertas, vidrios, equipamiento urbano, etcétera-, que según los peritajes suman poco menos de 84 mil pesos, lo que de acuerdo con el Código Penal del estado los hace "delincuentes peligrosos", por lo que deben afrontar el proceso en reclusión, tratados como asesinos o ladrones.
Al emitir la orden de aprehensión, la juez fijó el monto del daño en una cantidad muy elevada, impidiendo la libertad bajo caución de los jóvenes.
Ante ello, la voz que el PRD espera escuchar de forma autorizada es la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán; sin embargo, hasta la fecha dicha institución no ha emitido recomendación alguna. Personal de dicha comisión se presentó a visitar a los detenidos al día siguiente de los hechos, pero no le fue permitido el acceso a los acusados por parte de elementos de diversas corporaciones policiacas.
Por ello, el PRD sostiene que el proceso puesto en marcha contra los jóvenes manifestantes es muestra clara del uso de la fuerza pública y de la manipulación de la ley por parte del gobierno federal para reprimir a aquellos que buscan construir un mundo diferente, tal como se ha visto en los casos recientes de Atenco y Oaxaca, por mencionar algunos.
"Es inaceptable, porque es una muestra del autoritarismo del gobierno federal, en general, y del gobierno de Yucatán, en particular, tratar a los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta como criminales, aduciendo la necesidad de la seguridad del Estado. Es ilegal manipular el derecho penal. El Estado no puede considerar a los ciudadanos como peligrosos sólo por tener ideas diferentes, máxime que es una garantía avalada en el artículo sexto de la Constitución, el que los jóvenes y todos los mexicanos puedan manifestarse", apunta.
En Yucatán, señala el texto, se dejó ver la estrategia que Felipe Calderón utiliza como práctica para responder a la ciudadanía que le demanda solución a los graves problemas que vive el país, y a los cuales sólo ha sabido contestar con el endurecimiento de las acciones policiacas.
"En el PRD nos unimos a las voces ciudadanas que piden la libertad de los presos políticos detenidos en Yucatán el 13 de marzo y exigimos el absoluto respeto a los derechos humanos en ese estado y el respeto a la garantía de los mexicanos a manifestar sus ideas en todo el país", concluye el documento.