Ratifica la SCJN reuniones a puerta cerrada
La discusión que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relativa a la acción de inconstitucionalidad que presentó el Senado para echar abajo la llamada ley Televisa se hará mediante sesiones públicas que comenzarán a desahogarse a partir de la segunda semana de mayo próximo, informaron ayer fuentes del máximo tribunal consultadas por La Jornada.
Sin embargo, previo a dichas discusiones -que serán transmitidas por el Canal Judicial-, algunos de los ministros se reunirán en privado para intercambiar puntos de vista y realizar "labores de cabildeo", ya sea a favor o en contra del proyecto de resolución que aún elabora Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ministro instructor del asunto, y cuya propuesta se inclina, por el momento, a sostener la constitucionalidad de la ley.
Hasta ayer, de acuerdo con las mismas fuentes, al menos cuatro ministros se inclinaban por apoyar a la Presidencia de la República y convalidar las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, aunque será una vez que todos los impartidores de justicia reciban el dictamen, que todavía elabora su compañero, cuando definan sus posturas.
En tanto, versiones de ministros consultados indicaron que es común que frente a litigios relevantes que tiene que resolver la Corte, previo a una discusión del pleno se intercambien "puntos de vista" entre los juzgadores.
Según las fuentes consultadas, el propósito de estas discusiones privadas que tendrán los ministros por el tema de la ley Televisa es que una vez que se considere en público el contenido de la acción de inconstitucionalidad, ya se llegue con un "acuerdo previo" que evite un eventual empate, ante la ausencia del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien se encuentra incapacitado debido a una operación a la que fue sometido en días pasados por un padecimiento cardiaco.
Para la mayoría de los ministros, el caso de la ley Televisa es uno de los más relevantes que ha recibido la Corte en años recientes.
Se trata de una propuesta presidencial que ha generado fuertes críticas de constitucionalistas y legisladores, quienes la consideran contraria a lo que establece la Carta Magna.
El 3 de abril de 2006, La Jornada publicó una entrevista con el constitucionalista Elisur Arteaga, quien consideró que las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones contravienen varios artículos de la Constitución, porque fomentan actividades de monopolio, trastocan el actual proceso electoral, afectan a los medios de comunicación públicos, a las radios comunitarias e indígenas, eluden la intervención de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), soslayan las licitaciones públicas previstas por la Carta Magna y violan todo lo relativo a Ley de Comercio. En opinión del jurista, entre los artículos constitucionales que serán violados cuando entren en vigor ambas normas destacan el 28, que prohíbe los monopolios; 134, que obliga a los gobiernos a realizar licitaciones para contratar obras y servicios; 5 y 73, fracción X, que plantea los requisitos para el comercio, así como el artículo 2, que establece las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación.