Durante la gestión de Ricardo Juárez han habido irregularidades al autorizar MIA
Desestimó la SFP 13 demandas contra funcionario de la Semarnat
En los pasados seis años se han presentado 19 quejas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de la gestión de Ricardo Juárez Palacios, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien ocupa el cargo desde 2001. Las querellas fueron interpuestas por grupos ambientalistas y científicos por las autorizaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) con presuntas irregularidades, en favor del sector empresarial y en detrimento del medio ambiente.
Las organizaciones no gubernamentales y científicos no sólo se quedaron en ventilar públicamente las presuntas irregularidades en la Dgira, sino que llevaron los casos a la SFP; del total de quejas que se han presentado a esta dependencia, sólo seis investigaciones siguen su curso y el resto fue desestimado y archivado.
Por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se pidió información a la Semarnat y a la SFP en relación con "las acciones legales iniciadas, en proceso o terminadas", en contra del titular de la Dgira; la SFP sólo entregó la información el pasado 2 de febrero.
En su respuesta la dependencia informó que el expediente OIC/07/2003 contiene la documentación relativa a la investigación de quejas presentadas ante la SFP y desahogadas por el órgano interno de control de la Semarnat, "por presuntas irregularidades administrativas en contra de servidores públicos, dentro de los cuales se incluye al funcionario mencionado".
En el listado entregado por la SFP aún no aparece la queja presentada el pasado 22 de marzo en contra del funcionario por la autorización de las MIA para los proyectos Marina Careyes y la Huerta, en la zona de influencia de la reserva de la biosfera Chamela Cuixmala, Jalisco; el primero es un desarrollo del empresario Roberto Hernández, autorizado ocho días antes del término de la gestión de su amigo, el ex presidente Vicente Fox.
Entre las quejas que se presentaron entre el 17 de mayo de 2001 y el 2 de febrero de este año, están la autorización de la terminal de gas natural licuado de la empresa Chevron Texaco cerca de las islas Coronado, el cual fue finalmente cancelado este año por la propia empresa.
La primera queja se presentó el 17 de mayo de 2001, se hizo bajo el argumento de que "con abuso de cargo y de manera prepotente (el funcionario) ha condicionado la entrega de una concesión para la venta de artesanías y artículos de olaya en las isla de la Roqueta en Acapulco, Guerrero, a cambio de una determinada cantidad de dinero".
También se presentó una queja el 12 de febrero de 2004 por el permiso ambiental para un delfinario en el club recreativo de Playa Palancar en Cozumel, Quintana Roo, sobre el cual hubo pronunciamientos de legisladores que pedían la suspensión de la obra, pero el 17 de noviembre el órgano interno de control de la Semarnat determinó que no se desprendía ninguna irregularidad.
En los casos de la autorización del proyecto Mar de Cortés, antes Escalera Náutica, que "aparentemente afecta y causa daño al medio ambiente en el alto golfo de California y al ecosistema", la SFP informó que aún esta en proceso y se requirió información a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, a delegaciones de la Semarnat y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
También está en proceso la queja sobre la autorización de la MIA del proyecto Costa Cancún, el cual fue autorizado el 23 de febrero de 2004, y preveía la destrucción de 377 hectáreas de manglar, destinadas a la conservación de la vida silvestre, las cuales sólo podrían utilizarse para actividades turísticas con "altas restricciones ecológicas", lo cual se ignoró y además se violaron diversas disposiciones oficiales como la norma oficial mexicana 022 relativa a la protección de los humedales costeros en zona de manglar y el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Corredor Cancún-Tulum.
Sin resolución aún está la queja por la autorización a la empresa Ciclo Ambiental para operar un incinerador de residuos peligrosos en el municipio Baca, Yucatán; este caso se presentó el 21 de julio de 2006; en la misma situación está el permiso para la renovación de la Unidad de Manejo Ambiental en la isla de la Roqueta, Acapulco, denominada Eco Park.
También hay quejas desestimadas por la SFP porque trató de formar un "complot en contra de la estabilidad del titular de la dependencia; por tratos despóticos y autoritarios hacia el personal, y por autorizar "en partes los proyectos de las MIA y no en su totalidad".