Presionan a viudas de mineros para que acepten pago
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) presiona a cada una de las familias de los 65 mineros que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos con la finalidad de que acepten que Industrial Minera México (IMMSA) les pague 182 mil pesos por concepto de reparación del daño, denunció a este diario el abogado Manuel Fuentes Muñiz, representante de las viudas e hijos de los trabajadores fallecidos.
En entrevista telefónica, indicó que si todos los familiares aceptan el dinero "se corre el riesgo de que el juez de la causa penal abierta contra seis empleados de la empresa, a petición del Ministerio Público, declare sobreseídos los procesos y se archive el expediente del caso sin que se castigue a los presuntos responsables, ya que así lo señala el Código Penal del estado".
Quieren los cuerpos, no el dinero
En Coahuila, varios de los familiares advirtieron que no aceptarán los 182 mil 600 pesos ofrecidos por los abogados de la empresa. "Lo que queremos son los cuerpos, no el dinero", dijo Elvira Martínez Espinoza, una de las viudas en conferencia de prensa.
"Lo que hemos buscado siempre es que nos entreguen los cuerpos. Lo único que nos queda es eso, que nos devuelvan los cuerpos", agregó Maribel Rico Montelongo, hermana de una de las víctimas.
Los deudos realizaron un plantón fuera de Minera México en Nueva Rosita, Coahuila, para presionar a la empresa a que reanude el rescate de los 63 cadáveres que quedan en el yacimiento.
A su vez, el abogado indicó que hoy unos 30 familiares de los mineros atrapados desde el 19 de febrero de 2006 se manifestarán frente a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para solicitar una audiencia con el titular de la dependencia, Javier Lozano, y exigirle que ordene la reactivación de las labores de búsqueda de los cadáveres en Pasta de Conchos.
En otro orden, familiares de las víctimas entregaron ayer al presidente Felipe Calderón una carta en la cual solicitan su intervención directa en el caso, con el propósito de que se reanuden las labores de búsqueda y rescate de los 63 cadáveres que permanecen en el yacimiento.
En la misiva, los quejosos indican que "el pasado 4 de abril fuimos informados por representantes de IMMSA de la suspensión por tiempo indefinido de los trabajos de rescate de nuestros familiares, aduciendo la recomendación de un perito contratado y pagado por la misma empresa, sin existir las instancias oficiales que avalen esta suspensión unilateral de los trabajos.
"Es competencia de las autoridades federales, como la STPS, vigilar, estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo, y más en una mina siniestrada, en coordinación con Protección Civil federal.
"La Secretaría del Trabajo hasta el momento no ha cumplido con sus obligaciones de llevar a cabo de manera estricta las medidas de seguridad, pues cuando llegamos a ver a un inspector de esa dependencia en las oficinas de la empresa, lo único que hace es recoger un reporte que elabora IMMSA y se retira."