Usted está aquí: jueves 12 de abril de 2007 Economía Piden cancelar acuerdo para cruce de camiones hacia EU

Canacar solicita apoyo del Senado; se dice ignorada

Piden cancelar acuerdo para cruce de camiones hacia EU

VICTOR CARDOSO

Ampliar la imagen Tirso Martínez, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga Foto: Cortesía Canacar

A escasos 12 días de que inicie la prueba piloto para abrir el cruce de camiones mexicanos hacia Estados Unidos, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) se dice engañada y busca, con el apoyo del Senado, echar atrás un acuerdo gubernamental entre los dos países "del que sólo se nos informó y no se nos tomó en cuenta".

El presidente del gremio autotransportista, Tirso Martínez, sentencia: "no tenemos miedo a la competencia de Estados Unidos, queremos una recalendarización de la apertura", porque está en riesgo una industria de la que dependen directa e indirectamente unos 4 millones de familias ligadas al autotransporte.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el transporte representa alrededor de 20 por ciento del costo final de las mercancías; moviliza carga por unos 195 mil 600 millones de dólares, de lo que se deriva que este servicio representaría un negocio con un valor cercano a los 40 mil millones de dólares anuales.

Tirso Martínez informó que ayer mismo tenían previstas reuniones con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, y con los integrantes de la Comisión de Transporte del Senado para explicarles el riesgo para el autrotransporte de carga de México con la aplicación del plan piloto y sus implicaciones de discrecionalidad en la aplicación de reglamentos, inequidad y discriminación para los camioneros mexicanos.

En entrevista advierte: "con el ingreso de las grandes empresas transportistas americanas que controlan 85 por ciento de la carga internacional entre México y Estados Unidos, les dará la pauta para formar grandes oligopolios y realizar presiones hacia la alza en los precios".

El presidente de la Canacar aclara que al gremio no se le tomó en cuenta para impulsar el plan piloto previo a la apertura fronteriza al autotransporte, previsto desde 1994 en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Recuerda: "fue a principios de febrero de 2007 cuando el tema de la apertura en los servicios transfronterizos retomó su auge. El 22 de ese mes, de manera informal se nos invitó a participar en Apodaca, Nuevo León, en un evento para la certificación, por parte de inspectores del Departamento de Transporte de Estados Unidos, a una empresa de nombre Transportes Oympic.

"Esta empresa, con una flota de 14 camiones, participaría en el programa piloto para la apertura sólo con dos camiones. Allí se nos requirió, como institución, expresar un mensaje. El 25 de febrero, sin mediar ningún aviso, los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Economía, en conferencia de prensa, dan a conocer el Programa Piloto para la Apertura del Autotransporte Transfronterizo México-Estados Unidos, sin que la Canacar o el Senado hubieran sido consultados sobre la problemática del sector".

Ahora, agrega, se pretende obligar a los camioneros a aceptar una normatividad (de Estados Unidos) con claros signos discriminatorios; a entrar a una competencia sin estar preparados para establecer oficinas, patios de carga y descarga y otras inversiones necesarias para operar en ese país. Es un contrasentido, recuerda, porque durante 13 años Estados Unidos cerró su frontera a los camiones mexicanos y nuestro gobierno permitió la inversión extranjera en empresas locales de transporte de carga en las que pueden hacer hasta cabotaje, servicio reservado para los nacionales.

Con el plan piloto que entraría en vigor el 23 de abril, señala Martínez, el autotransporte de carga mexicano tendrá una amplia desventaja competitiva; se encarecerá el precio de los fletes; no se cumple con un acceso efectivo y en condiciones de equidad para los transportistas mexicanos; se presentan condiciones discriminatorias para la parte mexicana, además de que las autoridades de nuestro país no cuentan con la capacidad suficiente para vigilar y supervisar a las empresas estadunidenses que entren a territorio nacional y evitar que realicen servicios de cabotaje, es decir, transporte de mercancías entre dos o más ciudades mexicanas.

 
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