Se le imputa defraudación fiscal por más de $370 mil
Por conducto de la PGR, Hacienda pide revocar libertad a Carlos Cabal
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca la reaprehensión del ex presidente de Banca Cremi-Unión Carlos Cabal Peniche, acusado de defraudación fiscal, por lo que solicitó, por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR), que un tribunal federal revoque la libertad provisional bajo caución concedida al inculpado el año pasado por un juez de distrito.
La Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de Hacienda, mantiene abierto un litigio en el juzgado tercero de distrito del Reclusorio Norte por una presunta defraudación fiscal de 370 mil 625 pesos en que habría incurrido Cabal, que con multas y recargos alcanzaría un millón de pesos, según fuentes judiciales.
En noviembre pasado, el juez Arturo César Morales dictó auto de formal prisión contra el ex banquero, pero le concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución mediante el pago de una garantía que no excedió 400 mil pesos. Ahora la PGR, a petición de Hacienda, interpuso un recurso de apelación que será resuelto en el segundo tribunal unitario del primer circuito.
La solicitud del Ministerio Público Federal refiere que Cabal Peniche puede evadirse de la acción de la justicia, por lo que no debe gozar del beneficio de la libertad provisional y, en todo caso, si se le confirma ésta, debe aumentar el monto de la garantía para la reparación del daño, con el fin de que la fianza alcance un millón de pesos.
En noviembre pasado, Cabal acudió ante el juez Morales y durante tres horas compareció para responder a una acusación que le fincó la PGR en 1999.
En ese mes, el gobierno de Australia autorizó a su contraparte mexicana que Cabal Peniche sea juzgado aquí por un cargo pendiente de defraudación fiscal.
La imputación de la PGR responde a una denuncia presentada por Hacienda en 1998 por ese delito. El 7 de mayo de 1999, el juzgado tercero de distrito penal libró la orden de aprehensión contra el ex banquero, pero cuando fue extraditado, en 2001, el gobierno de Australia no autorizó a México que fuera juzgado por este cargo. Desde que Cabal regresó al país ha ganado litigios para evitar la prisión.