Se trata de la peor escalada contra la libre expresión desde hace décadas: activistas
Se cumplen 3 semanas de la brutal represión en Yucatán; 23 jóvenes siguen en prisión
Es otra acción concertada por las autoridades para inhibir las protestas en el país, dice ONG
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Muchas jovencitas padecieron excesos por parte de la policía estatal al manifestarse en contra de la visita de George W. Bush a Yucatán, en marzo pasado. Cuatro de ellas aún permanecen en prisión
Foto: José Carlo González
El colectivo U-Lool T'an (La flor de la palabra, en maya peninsular) denunció que este martes cumplieron tres semanas en prisión los 23 jóvenes "detenidos, golpeados y torturados hasta violentar sus más elementales derechos humanos, y de ser víctimas de injustificados autos de formal prisión en el penal de Mérida", en la peor escalada represiva en Yucatán desde hace décadas.
Se trata de cuatro jovencitas y 19 muchachos acusados de participar en actos de vandalismo la noche del 13 de marzo, tras la marcha contra la visita del presidente estadunidense George W. Bush a Yucatán. "Esperan la apelación contra los cargos que les imputan absurdamente o la condena por el 'delito' de ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación, o el simple hecho de haber transitado en el momento en que ocurrían los actos de vandalismo provocados por elementos infiltrados durante la marcha, quienes nada tenían que ver con la movilización de repudio".
A los jóvenes aprehendidos hay que sumar dos personas que alcanzan libertad bajo caución. "Todos son víctimas de una represión preparada y perpetrada, no sólo -como ha dicho la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)- contra altermundistas, sino, y sobre todo, contra compañeros que han promovido y organizado diversas movilizaciones, como la que se oponía al alza de tarifas al transporte urbano de Mérida cuando Ana Rosa Payán Cervera era presidenta municipal. Se habían identificado con otras movilizaciones, en su calidad de miembros de la otra campaña, contra la represión que sufrieron los compas de Atenco y el pueblo de Oaxaca".
Los adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona que se encuentran dentro del grupo de detenidos son Miguel Sulú Mut, Claudia Cerón Vega y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán Carlos Miguel López Sierra y Rigoberto Moreno Mendoza, además de María Victoria Texeira (de Guadalajara), Juan José García Ortiz (de Xalapa) y Gerardo González Miranda (de Querétaro).
Pueden salir libres, pagando fianza, Sara Gabriela Guzmán Muñoz (de Xalapa), quien se negó a pagarla en solidaridad con sus compañeros presos, y Fernando Posadas González El Bamby (de Cancún), quien sigue encarcelado, pues carece de los 32 mil pesos de su fianza. Ambos son adherentes a la otra campaña.
La presidencia municipal de Mérida, cuyo titular es el panista Manuel Fuentes Alcocer, elaboró una evaluación de daños al inmueble del ayuntamiento que diversas fuentes consideran "desproporcionada", y en todo caso responsabilidad de infiltrados que, como ocurrió en Oaxaca, aprovecharon las protestas para realizar actos vandálicos y "aceitar" las operaciones represivas.
En un abultado expediente de 232 páginas, producto de interrogatorios efectuados bajo tortura física o sicológica y sin apego a las garantías individuales, se ensartan presuntos delitos que los centros de derechos humanos Limeddh e Indignación consideran falsos. Por ejemplo, portación de drogas y armas blancas que habrían sido "sembradas" por las policías de Mérida y estatal a los detenidos, o bien cargos por acciones que estos no cometieron.
"La injusticia no fue sólo contra los anti-bushistas, sino también transeúntes aprehendidos en el momento de los actos de provocación, y prevaleció desde que se les detuvo hasta el momento de ser víctimas del auto de formal prisión", añade el colectivo U-Lool T'an. Los denunciantes consideran que "esta represión, en apariencia inesperada y exagerada, fue previamente calculada en medio de la coyuntura electoral en la entidad, la primera que tendrá Felipe Calderón. Nos atrevemos a pensar que, guardando toda proporción respecto a los hechos en Atenco y Oaxaca, también en Mérida se ha escalado una represión que pretende inhibir toda protesta o justificar cualquier represión para controlar brotes de resistencia, como sería un posible conflicto postelectoral, sin que la gente proteste".
Este mismo colectivo señala que, si bien el gobierno del panista Patricio Patrón Laviada ha perseguido a indígenas y activistas desde el inicio de su mandato, la de ahora es la represión más grave en el estado desde 1974, cuando fue asesinado el estudiante y activista sindical Efraín Lara Calderón, El Charras, durante la gubernatura de Carlos Loret de Mola Mediz.
El colectivo Rincón Rupestre de Quintana Roo manifestó a su vez: "Nuestros hermanos han dicho 'no', y han decidido romper el silencio haciendo uso de su libertad de expresión. En alzando su voz hacen eco de la soberanía nacional que abajo y a la izquierda sí existe. Les achacan adjetivos de 'vándalos' y 'seudoestudiantes'. De eso se encarga la prensa espuria, cuando el gobierno de México monta un gran teatro gastando miles de pesos para venerar a un asesino que debería ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Por eso exigimos la liberación inmediata de nuestros hermanos presos en Merida los días 12, 13 y 14 de marzo".