Fueron víctimas de tortura y sentenciados injustamente, dicen familiares en Oaxaca
Comienza marcha para demandar la excarcelación de presuntos eperristas
Oaxaca, Oax., 2 de abril. Familiares de los indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) iniciaron una caminata desde ese municipio de la Sierra Sur a la ciudad de México, para demandar su excarcelación ante la Secretaría de Gobernación (Segob).
''Hemos tomado las veredas para emprender un largo camino buscando justicia y libertad'', expresó Juan Sosa Maldonado, vicepresidente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), incorporada a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la cual participó en la manifestación cuando ésta llegó a Miahuatlán de Porfirio Díaz, a unos 100 kilómetros de la capital.
El también ex preso, a quien la Procuraduría de Justicia estatal identificó a finales de la década pasada como un alto mando del EPR, dijo que en las mesas de diálogo realizadas en octubre pasado la APPO pidió al entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal, la libertad de los presos Ricardo Martínez Enríquez, Urbano Ruiz Cruz, Estanislao Martínez Santiago y Cirilo Ambrosio Antonio -detenidos en septiembre de 1996- por ser candidatos al beneficio de la preliberación.
El funcionario, anotó, ''prometió que serían liberados, pero no cumplió y en este sexenio Gobernación tampoco hizo suyo el compromiso.
''Los compañeros fueron víctimas de la represión, detenidos y torturados para, después de un largo y tortuoso proceso judicial, ser sentenciados injustamente a 13 años y medio de prisión. A la fecha llevan más de 10 años y medio, razón por la cual deben salir de la cárcel'', indicó.
Sosa Maldonado destacó que los demás presos (el ex presidente municipal de San Agustín Loxicha, Agustín Luna Valencia; Fortino Enríquez Hernández, Abraham García Ramírez y Alvaro Sebastían Ramírez) obtuvieron en días recientes amparos de la justicia federal contra las ''aberrantes sentencias'' de más de 30 años en su contra.
Esto les da la posibilidad de que el tribunal unitario del decimotercer circuito dicte sentencia absolutoria y así recobren la libertad que ''de manera arbitraria'' les fue arrebatada hace casi 11 años.
''Sin embargo, a pesar de que se han agotado los tiempos legales, la sentencia no ha sido dictada y existe el temor de que, atendiendo intereses políticos, se sigan cometiendo atropellos en contra de nuestros compañeros'', añadió.
Precisó que alrededor de 10 familiares de los presos viajan a la ciudad de México a pie, por carecer de recursos y para difundir su exigencia en cada una de las comunidades por donde pasarán, en un trayecto de aproximadamente 700 kilómetros.
El vicepresidente de la OPIZ llamó a organizaciones civiles nacionales e internacionales a estar atentas ante cualquier agresión a los familiares, porque ''es práctica común la criminalización de la protesta social y, sobre todo en Oaxaca, la violación sistemática de derechos humanos y la fabricación de expedientes judiciales''.
Los marchistas, esperan llegar a la capital del país en la segunda quincena de este mes.