Usted está aquí: viernes 30 de marzo de 2007 Opinión México SA

México SA

Carlos Fernández-Vega

Hoyo financiero

Nadie se salva de las irregularidades que involucran un faltante de $26 mil 342 millones

Energía y Hacienda se llevan las palmas

Tanto se ha "reformado" y "modernizado" el país que lo único cierto es que las prácticas de gobierno, cualquiera que sea su color de identidad, no se han modificado un ápice, y muestra de ello es el uso discrecional de los recursos públicos, el incumplimiento de la normatividad, la asignación por la libre de los contratos más jugosos y el otorgamiento de las exenciones más atractivas, con un creciente costo para las finanzas nacionales.

Año tras año, al conocerse el resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública brota la discrecionalidad, los amigos del gobierno en turno y, lo más lesivo, los faltantes de dinero. Tal es el caso de la cuenta pública 2005 (penúltimo año de la administración Fox), durante el cual se detectó un "hoyo" financiero de 26 mil 342 millones de pesos, todos recursos públicos.

El auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, presentó ayer el informe respectivo, y aunque consideró que "no necesariamente" ese "hoyo" revela daños patrimoniales al erario. Sin embargo, sí hay casos específicos donde distintas instituciones gubernamentales contribuyeron a debilitar las finanzas nacionales aún más, en las que se detectaron operaciones no registradas, registradas erróneamente u operaciones no reveladas con suficiencia en los estados financieros de los entes fiscalizados o en la cuenta de la hacienda pública federal.

A mayor manejo de recursos, mayores irregularidades, y en este sentido dos secretarías (Energía y Hacienda; 31.9 y 23.9 por ciento del total, respectivamente) se "comieron" el 56 por ciento de las irregularidades detectadas por la ASF, es decir cerca de 15 mil millones de pesos de poco más de 26 mil millones. En 2005, Fernando Elizondo era titular de Energía (hoy es senador panista) y Francisco Gil Díaz de Hacienda (hoy presidente de Movistar México).

En orden de importancia, les siguen el sector salud (con 16.3 por ciento del total de irregularidades detectadas); entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal (10.7 por ciento); sctor Educación Pública (6.2); entidades no coordinadas sectorialmente (IMSS, ISSSTE, FOVISSSTE, IFAI, Conacyt, entre otras, 3); sector Comunicaciones y Transportes (2.1); e instituciones públicas de Educación Superior (1.8). Prácticamente nadie se salva.

González Aragón amenaza con acciones concretas, pero en vía de mientras algunos casos concretos reportados por la SF (especialmente el fiscal, que es espeluznante) son:

Sistema de Administración Tributaria (SAT) créditos fiscales: la mayoría es irrecuperable o está en litigio; de 2001 a 2005, el saldo de los créditos fiscales pasó de 27.9 a 35.1 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal; se determinó que 298 deudores acumularon 20 mil 717 créditos fiscales (70 créditos en promedio). Asimismo, se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno y, de ellos, seis registraron más de 300; se observó también, que un solo contribuyente acumuló mil 453 créditos. De lo anterior, se desprende que no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y que ciertos contribuyentes han omitido sus obligaciones por un tiempo prolongado.

Se constató que tres bancos concentraron 780 créditos por 28 mil 623 millones de pesos, y un solo banco registró 683 créditos por 24 mil 918 millones; en el ramo de la construcción, 14 empresas con 235 créditos adeudaban 9 mil 881 millones y las obligaciones que adeudaban tres de ellas, con 57 créditos, equivalían a 40.7 por ciento de dicho monto.

Once ingenios azucareros, con 739 créditos, adeudaban 8 mil 267 millones, y cuatro de ellos concentraban más de la mitad de los créditos y montos mencionados; en el ramo de transportes, dos empresas registraron mil 60 créditos por 5 mil 780 millones; en materia de entretenimiento y comunicaciones, cuatro clubes de futbol, con 79 créditos, adeudaban 2 mil 179 millones; una compañía editorial, con 40 créditos, debían 2 mil 675 millones, y dos cadenas televisivas registraron créditos por mil 522 millones. Se detectaron contribuyentes con créditos fiscales que, en 2005, obtuvieron devoluciones de impuestos por parte del SAT.

Pemex-Sindicato petrolero: en el Convenio 10275/04 se comprometieron recursos económicos sin contar con la suficiencia presupuestal correspondiente, lo cual debió ser aprobado por el consejo de administración de la paraestatal y por las Secretarías de Energía y de Hacienda; entrega directa de recursos al STPRM por mil 65.5 millones de pesos para vivienda de los trabajadores; 200 millones para mantenimiento de instalaciones deportivas; 459 millones para ayuda (2001 a 2004, pagados en 2005) a festejos relacionados con el aniversario de la expropiación petrolera, desfile del primero de mayo y revisiones anuales al contrato colectivo de trabajo, todo sin sustento normativo, sin estar contemplados en el CCT y sin apego a disposiciones de carácter presupuestal.

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE, antes Fideliq): de los 7 mil 886 bienes inmuebles que el IPAB transfirió documentalmente al SAE para su venta, a la fecha de la auditoría, 35 de ellos no los había entregado físicamente; al 31 de diciembre de 2005, en el Padrón General de Bienes Inmuebles del IPAB no se reflejaba el saldo real de 7 mil 284 bienes inmuebles; no se incluyó en la convocatoria, ni en el acta de fallo de la licitación pública DECBI núm. 05/05 para la enajenación de 121 inmuebles provenientes del IPAB, el precio base de venta ni se justificó el hecho de no haberlo incluido; los valores de catastro y/o avalúo de diversos bienes inmuebles asentados en las escrituras de compra venta son superiores en 10 mil 919.4 pesos al valor en que fueron vendidos por el SAE, y por lo tanto se presume un posible daño al patrimonio de la Hacienda Pública Federal.

¡Sorpresa!: el médico que realizó la autopsia (en el caso Zongolica) avalada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no es otro que el gastroenterólogo Felipe Calderón, y su consultorio está en Los Pinos.

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