Usted está aquí: martes 27 de marzo de 2007 Opinión El reto organizativo de la CND

Magdalena Gómez

El reto organizativo de la CND

Culminó la segunda Convención Nacional Democrática (CND) con una amplísima participación y logrando, en lo general, el objetivo señalado por Andrés Manuel López Obrador: realizar "un balance de nuestras decisiones políticas y, desde luego, acciones, en el contexto de nuestro propósito general de transformar a México, proteger el pueblo y defender el patrimonio de la Nación" (25 de marzo de 2007, Zócalo capitalino).

Como sabemos, la plenaria de cierre fue precedida de diversas reuniones, en las que se expusieron numerosas iniciativas, las cuales, en conjunto, constituyeron una virtual ratificación de lo que fue la propuesta de gobierno que, como candidato, promovió AMLO. Y no se trató de una repetición mecánica. Evidenció que buena parte de los participantes en las mismas hacen suyas las principales propuestas del proyecto alternativo de nación. Obviamente, se destacaron las demandas que han marcado los primeros meses del calderonismo, como el aumento a los precios de productos básicos, las reformas a la Ley del ISSSTE, la reprivatización de las carreteras y la agenda que se perfila desde la alianza PRIAN, en el contexto no sólo del pago de facturas, sino de la reivindicación de la razón misma del fraude orquestado para impedir que López Obrador asumiera legal y legítimamente la Presidencia de la República.

A estas alturas está muy claro que era inaceptable un esquema de "pacto político" con los orquestadores del virtual golpe de Estado, como reiteró AMLO en su intervención de cierre en la CND, así como quedarse a esperar que llegaran otras elecciones. Por tanto, se constituyeron la Convención Nacional Democrática y el "gobierno legítimo" de México. También hay evidente consenso en la necesidad de sostener una transformación en el país y el sentido de la misma. Sin embargo, debemos anotar que la segunda convención abordó muy escasamente el problema propiamente organizativo, y en ese terreno hay un cúmulo de inquietudes: para los perredistas, ¿ser parte de la CND es lo mismo que ser parte del partido? Si ello es así, ¿cómo abordar desde el partido las tareas militantes que se han perdido para activarse sólo en tiempo electorales? Si consideramos que la mayor parte de los integrantes o afiliados a la CND no son militantes del partido, ¿cuál es la tarea organizativa, más allá de sacar credencial como representante del gobierno legítimo? ¿Estamos de acuerdo en que esa tarea de afiliación no convierte en redes a quienes desde un mismo sitio se afilian individualmente? Además de recibir la visita de AMLO en los municipios y dialogar con él, ¿desde dónde y cómo se articulan proyectos de movilización en torno de las demandas estatales y municipales? ¿Qué hay con la política de alianzas con grupos u organizaciones ya constituídas, tanto a escala nacional como estatal, municipal e inclusive comunitario? En la plenaria hubo muchas voces de protesta por la decisión mayoritaria de que la tercera reunión de la CND se fijara para el 20 de noviembre próximo. Esas expresiones reflejan la inquietud de las miles y miles de personas que al terminar la CND pierden el vínculo, hasta que son llamadas a otra reunión nacional. Otra evidencia de la necesidad de abordar esas cuestiones es el hecho de que se atribuye el carácter de delegado a quien asiste a las reuniones sin referencia a la representatividad o bien sin distinguirse de las participaciones efectivamente individuales, las cuales son legítimas.

Por otra parte, un asunto muy delicado que fue abordado durante la intervención de AMLO en el Zócalo, el pasado domingo, fue que ponderó la vía pacífica: "nuestro movimiento no tendría hoy el apoyo de millones de mexicanos que quieren un cambio verdadero, pero sin violencia. Estaríamos en todo ese vía crucis que significa la pérdida de vidas, las desapariciones, las cárceles, el ultraje a mujeres, la tortura y la violación a los derechos humanos. Y posiblemente tampoco estaríamos aquí". No parece adecuado suponer o insinuar, así sea de manera indirecta, que los extremos señalados son propios de la vía de la violencia. Sólo recordemos los cerca de 600 perredistas asesinados durante el salinato por realizar tareas partidistas, democráticas y pacifistas. Ni qué decir de los indígenas que fueron masacrados en Acteal, los presos de Atenco o los asesinados y presos en Oaxaca por movilizarse en torno de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, con cuyo pueblo el propio AMLO se solidarizó en su discurso, así como con la demanda de liberación de todos los presos políticos. Hay evidencias suficientes de que en este país se criminaliza la protesta social, pacífica y constitucional.

Los saldos de la segunda convención muestran un claro espectro de propuestas antineoliberales y que el liderazgo político de AMLO está firme, pese a la campaña mediática en su contra, pero también alertan sobre la necesaria atención al flanco organizativo.

 
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