Usted está aquí: jueves 15 de marzo de 2007 Opinión El Correo Ilustrado

El Correo Ilustrado

Lamenta desinformación del Presidente

Hemos leído en La Jornada que el C. Presidente de la República afirmó que la muerte de nuestra hermana mayor Ernestina Ascencio Rosario se debió a una "gastritis crónica no atendida" y que no hubo violación por parte de los militares.

De inmediato me comuniqué con el licenciado Pedro Armendáriz Enríquez, el visitador de la CNDH que solicitó la exhumación del cuerpecito de nuestra hermana y que coordinó al grupo interdisciplinario de la misma institución que realizó el trabajo. Le pregunté si efectivamente ya tenían resultados de los nuevos análisis efectuados tras la exhumación del pasado viernes 9 de marzo. La respuesta fue clara y contundente: "No sabemos de dónde sacó esa información el Presidente. La exhumación fue apenas el viernes y es imposible que ya existan resultados, además, la información es confidencial".

Dice el C. Presidente que ha estado al pendiente del caso, pero todo indica que no es así. 1) No sabe que las primeras pruebas periciales y el acta de defunción original consignan que la causa de la muerte fue fractura craneoencefálica, fractura de cadera, fractura de costillas y anemia (producto del sangrado no controlado). 2) No sabe que el médico que la atendió en el Hospital Regional de Río Blanco confirmó la violación de que fue objeto nuestra hermana y que así lo declaró a los medios de comunicación: "fue violada por vía conveniente y por vía inconveniente", se dijo. No obstante, tal diagnóstico no aparece en el acta de defunción. En otras palabras más claras, al amparo de la confidencialidad de la información, los servicios periciales locales de la Procuraduría General de Justicia del estado y la agente del Ministerio Público de la agencia especializada en delitos sexuales ya habían hecho el trabajo sucio para garantizar la impunidad a los soldados. 3) No sabe que el mismo médico ya referido nos informó que el dolor de vientre del que se quejaba lastimosamente nuestra hermana al llegar al hospital y la creciente hinchazón de su vientre se debían a que debido a la violación se le causó una rotura en el intestino y fue eso lo que causó la contaminación y envenenamiento de su cuerpecito. 4) No sabe que desde el día de los acontecimientos, ni la PJE ni los militares había realizado investigación policiaca y criminalística alguna. No obstante, la Sedena declaró que ya habían realizado "investigaciones científicas" y sus resultados no inculpaban a los soldados. Por eso el ayuntamiento y la CROISZ cuestionamos severamente que el Ejército se pretendiera erigir como juez y parte, y desacreditamos la credibilidad de sus "investigaciones científicas". Nuestra queja la hicimos a la CNDH. Fuimos escuchados por ésta y su trabajo posterior puso en evidencia el teatro de impunidad organizado con premeditación. 5) No sabe que las autoridades municipales y comunitarias le enviaron a él mismo una carta desde el primero de marzo. En ella le informan de los acontecimientos y le exponen la postura oficial del pueblo nahua: mientras no se haga justicia el Ejército no volverá a nuestro territorio.

Nuestra palabra indígena no ha tenido respuesta alguna. La palabra del C. Presidente, evidentemente desinformada, pone en duda la supuesta intención del Ejército de esclarecer los hechos y hacer justicia "apegados al estado de derecho", como han dicho. Nuestro corazón está triste porque el gobernante principal, el que debería protegernos como un padre a sus hijos, desprecia el valor humano de nuestra hermana mayor violada y asesinada a manos del Ejército al dar por concluido el caso sin esperar siquiera los resultados de la investigación. Lo que debería ser un simple acto de impartición de justicia poco a poco se descarna y se convierte en un acto de impunidad, de injusticia y de discriminación racial. El crimen en contra de nuestra hermana mayor es una agresión al pueblo nahua de Soledad Atzompa, así lo entendimos y así lo asumimos. La impunidad del Ejército, hasta ahora avalada por el C. Presidente, es un agravio a la sociedad mexicana. Estoy convencido de que nuestra lucha para que se haga justicia a nuestra hermana Ernestina y la dignificación de la persona indígena tiene el respaldo de los y las mexicanas, y esto es lo más importante.

Tlacatenco Julio Atenco Vidal, director de Obra Pública y Desarrollo, ayuntamiento de Soledad Atzompa, Ver. Fundador y delegado nacional de la CROISZ


Aclaración de Cuauhtémoc Cárdenas

En la edición de La Jornada de ayer aparece una nota firmada por Gabriel León Zaragoza, en la que señala que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) emitirá una resolución acerca de la negativa de la Secretaría de Hacienda para proporcionar información a un peticionario (cuyo nombre no se da) sobre el manejo presupuestal de los consejos asesores nacional e internacional de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, que estuvieron a mi cargo.

Al respecto, me permito informar que mientras fungí como titular de los citados consejos, los trabajos realizados los llevó a cabo la Fundación para la Democracia, para los cuales no se recibieron recursos ni públicos ni privados, por lo que en el momento en que renuncié a la titularidad de los consejos no se hizo ningún informe de carácter financiero.

Atentamente

Cuauhtémoc Cárdenas


Piden solidaridad con el Frente Democrático Campesino de Chihuahua

A las organizaciones sociales y civiles nacionales e internacionales, queremos hacer de su conocimiento que el día 9 de marzo fue detenido de manera arbitraria por las autoridades federales elcompañero Jesús Emiliano García, dirigente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), así como libradas órdenes de aprehensión en contra de otros cuatro compañeros de dicha organización.

Esto es en represalia por la movilización realizada por el FDC los días 19 y 20 de febrero, en la que demandaron la puesta en marcha de un programa emergente para la preparación de tierras para la siembra de maíz y frijol en la zona temporalera de Chihuahua.

El cargo que se les imputa es el de sabotaje a las oficinas de la delegación de Sagarpa en Chihuahua, que está considerado como delito grave, sin derecho a fianza, y catalogado como delito federal.

Compartimos con el Frente Democrático Campesino de Chihuahua que el único sabotaje que hay en todo esto es el perpetrado por el gobierno federal en contra de la agricultura campesina y la alimentación del pueblo de México.

Ante ello solicitamos su solidaridad con los compañeros del FDC. Asimismo, hacemos la petición de sumarse a estas demandas con sus firmas personales o de sus organizaciones para demandar al gobierno federal: la libertad inmediata del compañero Jesús Emiliano García; la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión contra los compañeros Rogelio Ruelas, Francisco Escalante, Javier Castillo y Víctor M. Quintana (socio de Equipo Pueblo), y el cese por parte del gobierno de Felipe Calderón de toda forma de amedrentamiento contra las organizaciones sociales y los movimientos de protesta.

Para la adhesión de firmas mandar su solicitud a [email protected] equipopueblo.org.mx a más tardar el viernes 16 de marzo.

Miguel Concha Malo; DECA, Equipo Pueblo; Oswaldo Vera, Venezuela; Educación para la Paz, Chiapas; Steve Hellinger, Washington; Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio; Red de Género y Medioambiente; ANEC; Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas y otras 134 firmas

 
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