Usted está aquí: miércoles 14 de marzo de 2007 Sociedad y Justicia Incierto, el futuro de un predio que compró la UAM

Ex directivos incumplieron observaciones: ASF

Incierto, el futuro de un predio que compró la UAM

LAURA POY SOLANO/III, ULTIMA

Enclavado en una zona de preservación ecológica y de alta plusvalía en el Poniente del Distrito Federal, el predio conocido como El Encinal tiene un destino incierto, pues a casi dos años de su adquisición la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) no ha definido cuál será su uso final ni tampoco si será posible realizar alguna actividad académica en éste.

La investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al proceso de compraventa del terreno, cuyos resultados deberá dar a conocer antes del 31 de marzo próximo, destaca diversas anomalías en el cumplimiento de la normatividad interna.

En respuesta, la UAM enfatizó que la decisión del patronato de adquirir el predio, por el que se erogaron 187 millones de pesos de la hacienda federal, se tomó de acuerdo con la "información que proporcionó el rector general".

Por ello, insiste, al interrogar el patronato al entonces rector general, Luis Mier y Terán Casanueva, sobre si la información que correspondía a la adquisición del terreno "contaba con todos los elementos suficientes y competentes, y ante la respuesta afirmativa del rector general, ésta se consideró elemento de pulcritud y transparencia para llevar a cabo la operación".

La UAM reitera que la revisión y conducción de la negociación previa a la compraventa, así como la formación del comité de adquisiciones de la administración, en la que el contralor iba a ser invitado permanente, "son las que encomendó el rector general al responsable de la administración, es decir, el secretario general (Ricardo Solís Rosales), asistido siempre por su coordinador general de administración (Filiberto Cepeda Tijerina)".

Revisión no acatada

No obstante, la ASF destaca que en el acta de la sesión ordinaria del patronato, celebrada el 22 de septiembre de 2005, se constató que ese órgano instruyó al contralor para que, en "estrecha colaboración con la rectoría general, llevara a cabo una revisión al proceso de compra de los terrenos para la instalación de la cuarta unidad".

Sin embargo, revela que a pesar de los requerimientos de información, tanto a la rectoría general como al auditor externo, el contralor "no participó en la revisión que el patronato instruyó, ni practicó una auditoría respecto de las adquisiciones de los predios en incumplimiento de sus atribuciones".

Al respecto, la UAM admite que "es indudable la falta de transparencia de la administración anterior en la operación de compra y las reiteradas ocasiones en que limitó el acceso a la información que requería la contraloría".

Esa actitud, agrega, se observó inclusive antes de la solicitud del patronato. En junio de 2005 el contralor informó a la rectoría general que por recomendación de esa instancia era necesario atender "conceptos críticos" de la unidad Cuajimalpa, que debían cuidarse de "manera muy especial".

La petición indicaba aspectos de diseño, obra, adquisiciones, contrataciones, relaciones con las autoridades, urbanísticos, ecológicos, trámites, gestiones ante las dependencias gubernamentales y relaciones con la comunidad.

Sin embargo, no hubo ninguna respuesta de la rectoría general a la solicitud del contralor para que se le informara sobre el estado que guardaba el proyecto de la unidad Cuajimalpa, así como de las erogaciones realizadas a esa fecha y de la proyección del gasto a mediano plazo.

Esa petición también se hizo al entonces secretario general, Solís Rosales, en un oficio con fecha 28 de septiembre de 2005, para requerir toda la información concerniente al proceso de adquisición de El Encinal, que incluyera planeación, análisis de propuesta, estudios de terreno y requisitos oficiales que se debieron cubrir antes de la compra, así como las acciones administrativas documentadas tras la adquisición, "solicitud que tampoco fue atendida".

Auditoría secreta

A ello se suma que la rectoría general, encabezada por Mier y Terán, solicitó a Gabriel Bustos Porcado, socio del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza SC (Deloitte), en el oficio RG 60705, del 14 de noviembre de 2005, una auditoría externa, con el fin de verificar si la UAM dio cumplimiento a la normatividad aplicable en la adquisición de los predios.

Sin embargo, estableció que dicho informe se destinaría al "uso exclusivo de quienes para ese fin sean especificados a la firma de la correspondiente carta-convenio".

Con esa decisión, agrega la universidad, "se desliga la participación del contralor en los trabajos encomendados, que dista mucho de ser una labor relativa a una exhaustiva revisión al proceso de compra, como fue la instrucción del patronato".

También destaca que en el oficio RG 62505, del 16 de noviembre del mismo año, Mier y Terán corroboró que no se realizó una auditoría exhaustiva como solicitó el patronato, pues en el último párrafo del documento, señala UAM, afirmó que "entendemos que los procedimientos previamente convenidos no constituyen una auditoría, de acuerdo con las normas generalmente aceptadas, la cual tiene como objetivo expresar una opinión sobre los estados financieros o algunos de sus elementos, cuentas o rubros".

La respuesta del despacho de auditores fue entregada el 21 de noviembre de ese año, pero dirigida "exclusivamente al rector general, atendiendo la solicitud de él y sin enterar al contralor".

En el último párrafo del informe, el despacho menciona que éste es de "uso exclusivo de la UAM y no deberá ser utilizado por otros que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos. Por tanto, la información de este reporte no deberá ser difundido por terceras personas".

Un nuevo comunicado de la contraloría, fechado el 29 de noviembre de 2005, un día antes de que concluyera la administración de Mier y Terán, informa no sólo sobre la falta de acceso a datos relacionados con la adquisición del predio, sino a la "preocupación" porque en el informe de Deloitte "no se hizo mención sobre la calidad y objetividad de los avalúos que fueron presentados y en los que se basó la administración para la adquisición de los predios".

 
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