En iniciativas enviadas al Congreso critica "benevolencia" de las medidas cautelares

Justicia expedita aunque se restrinjan derechos: Calderón

El Presidente busca que los delitos graves se juzguen máximo en un año y los no graves en cuatro meses

El arraigo efectuado por el MP deberá ser convalidado en tiempo breve por un juez, precisa

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En las iniciativas de Felipe Calderón para reformar los sistemas de seguridad y justicia penal del país se admite que las medidas propuestas en materia de investigación de delitos, y que pueden ser establecidas de manera unilateral por el Ministerio Público, son "restrictivas de los derechos fundamentales".

No obstante, afirma que aun cuando se impongan reglas, como prohibir salir de una demarcación territorial o "acercarse a uno o varios individuos", y vigilancia "a cargo de determinadas personas o instituciones", posibilitan una investigación expedita, "siempre en un marco de estricta legalidad".

Asimismo, se menciona que "en caso de delincuencia organizada, se excepcione la garantía individual consistente en solicitar que la pena se compurgue cerca del domicilio del reo", con el argumento de "la obvia razón" de que cumpla su sentencia en prisiones "que cuenten con la seguridad y las instalaciones necesarias para la protección de su integridad, disminuyendo los riesgos de fuga o violencia interna".

En la exposición de motivos de las iniciativas, Felipe Calderón asegura que "es imperativo revertir los índices de inseguridad pública e imprescindible que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones; que sienta la certeza de que, ante la comisión de un delito, por menor que éste sea, se impondrá una sanción proporcional a la conducta, y que la víctima tendrá a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituida en el agravio ocasionado".

"Enérgico llamado" a las fuerzas políticas

El mandatario hace un "enérgico llamado a todas las fuerzas políticas" para que aprueben sus propuestas, en las que critica la "benevolencia" de medidas cautelares, como la suspensión en el juicio de amparo, y estima cuestiones como "el arraigo, en la prohibición de salir de una demarcación territorial o en el aseguramiento de bienes".

Sin embargo -agrega-, "es claro que es indispensable ampliarlas". Considera también que dado su carácter de restricción de derechos fundamentales, deben ser incorporadas a escala constitucional".

Afirma que en caso de aprobarse las iniciativas de ley, un juez podrá imponer medidas restrictivas de la libertad a un presunto delincuente durante la "investigación de los delitos: arraigo, prohibibir abandonar una demarcación territorial y acercarse a una o varias personas", y el aseguramiento de instrumentos, objetos y productos del delito.

En el mismo párrafo de la iniciativa se mencionan garantías para las víctimas, y propone que exista "la restitución provisional de los derechos de los ofendidos (sin precisar a qué garantías se refiere), la protección de su integridad física y moral (sin señalar si se les dotará de nuevas identidades o escoltas ni durante cuánto tiempo).

En el documento se advierte que la aprobación de las modificaciones legales que permitirían a un juez establecer medidas cautelares, también posibilitarían al Ministerio Público tener las mismas facultades, exceptuando lo relativo al arraigo, ya que éste, aunque sea dictado de manera unilateral por la Procuraduría General de la República, sólo tendrá validez cuando, en un "tiempo breve", lo convalide un juez.

Según la iniciativa de Felipe Calderón, "la idea de que las medidas cautelares sean concurrentes tiene su fundamento en la propuesta de reforma al artículo 20, apartado B) fracción VI, de la Constitución, que autoriza a la víctima u ofendido a solicitarlas, lo cual podría hacer -a su elección- ante el Ministerio Público o ante el juez, sin necesidad de formalismos que hoy limitan mucho los derechos y la intervención de los sujetos pasivos del delito".

Y añade que su pretensión de que una autoridad judicial controle "diversos actos durante la investigación, es que sean revisados en cuanto a su legalidad por un órgano jurisdiccional, cuyas características principales son la independencia, la legalidad, la imparcialidad y la objetividad de sus decisiones", pues reconoce que "lo anterior permite el equilibrio entre las nuevas medidas cautelares en la indagación, "restrictivas de los derechos fundamentales", con la necesidad de proteger a la sociedad, a las víctimas u ofendidos, al posibilitar una investigación expedita, pero siempre en un marco de estricta legalidad".

Además, el proyecto enviado al Congreso de la Unión el pasado viernes incluye también una nueva catalogación de delitos en no graves y graves. La delincuencia organizada siempre estará en la última.

La intención del Presidente es que a partir de la aprobación de la iniciativa, los procesos penales por delitos no graves "tengan un máximo de juzgamiento de cuatro meses", y los graves, de un año, y sólo se ampliará el plazo si el inculpado lo solicita para recabar pruebas de su inocencia.

En ese sentido, una vez aprobadas las iniciativas como fueron enviadas, ya no habrá quien decida defenderse sólo con una persona de su confianza, pues ahora será obligatorio que cuente con un licenciado en derecho, y si no quiere o no puede pagarlo, el juez del caso le asignará un defensor de oficio, forzosamente.

En cuanto a la policía, el proyecto presidencial plantea que la corporación federal "pueda recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos posiblemente delictuosos, sin la camisa de fuerza que significa una innecesaria subordinación jerárquica y operativa al Ministerio Público, sino únicamente contando con su conducción jurídica para construir los elementos probatorios que permitan llevar los asuntos ante los tribunales".

La aprobación del proyecto calderonista permitiría que "la policía actúe con la autonomía técnica y funcional necesaria y propia de su naturaleza, con facultades y atribuciones que, sin lesionar o molestar derechos sustantivos, permitan el conocimiento de los hechos aparentemente delictivos y la identificación del probable autor o partícipe.

"De esta manera, se abandona el concepto tradicional de que la policía se encuentra bajo la autoridad y mando inmediatos del Ministerio Público, sin que ello implique falta de control, toda vez que la autoridad ministerial continúa siendo la conductora, jurídicamente, de la investigación", supuestamente.

Además, en la iniciativa Felipe Calderón propone al Congreso la aprobación de facultades para que la PGR realice detenciones, allanamientos, cateos, intervenciones telefónicas y hasta arraigos sin la autorización previa de un juez, para perseguir la presunta comisión de delitos relacionados con el crimen organizado.

Y en lo que tiene que ver con la intervención de comunicaciones privadas, se argumenta que, "en ocasiones, acudir a la autoridad judicial dificulta o imposibilita la investigación", y considera pertinente que hasta después de que se realicen estas acciones, un juez,"de manera oficiosa, revise la legaldiad de las intervenciones y los cateos".