Los desazones del cardenal
Los agobios del cardenal Norberto Rivera se suceden penosamente en años recientes, cuando ha mostrado una extraña y persistente atracción por los conflictos de amplia cobertura que están convulsionando no sólo su imagen como jerarca, sino la de la propia Iglesia católica mexicana.
Sobre el arzobispo primado de México pesa una demanda ante la Corte Superior de California: se le acusa por ocho cargos, entre ellos destacan: negligencia; supervisión negligente; contratación y mantenimiento en el puesto negligentes; omisión de advertencia o denuncia; conspiración civil; daños emocionales, y agresión sexual tolerada. El demandante es, como todos sabemos, Joaquín Aguilar, quien fue violado brutalmente por el sacerdote Nicolás Aguilar en octubre de 1994.
En un principio, Norberto Rivera despreció la tentativa, después manejó ante los medios la imagen de víctima atropellada por el chantaje y la extorsión económica; cuando se percató de la grave situación por la que transita, declaró que se resistiría a ser sometido por una corte extranjera, apelando a un nacionalismo patriotero, pero al mismo tiempo que hizo un llamado a Nicolás Aguilar para que se entregara a la justicia, se rodeó de varios equipos de abogados y asesores legales. No es para menos, se vive una situación inédita: es la primera vez que uno de los miembros de la más alta jerarquía católica mexicana enfrenta una demanda cuyo alcance va más allá de nuestras fronteras.
El cardenal se debate en tres grandes frentes de batalla: la primera es la legal y encara al implacable abogado estadunidense Jeff Anderson; su segundo frente de batalla es mediático, aquí tiene mayor experiencia y correlación; el tercero es intraeclesiástico, pues mantiene contradicciones y dichos encontrados con el cardenal de Los Angeles, Roger Mahony, en torno de la supuesta protección que ambos prelados ofrecieron al depredador sexual Nicolás Aguilar.
Uno de los argumentos de Rivera Carrera consiste en alegar la incompetencia de la corte de los Angeles para juzgar en Estados Unidos a ningún ciudadano mexicano residente en nuestro país, máxime cuando los supuestos delitos se cometieron en nuestro suelo. Al ser México un país soberano e independiente, con un Poder Judicial y un sistema de justicia propios, sus ciudadanos no pueden ser juzgados por extranjeros.
La Jornada muestra en un editorial (22/2/07) que en un mundo globalizado, la extraterritorialidad es, a partir de la Segunda Guerra Mundial, una práctica recurrente, como muestran los casos de Pinochet, de militares argentinos, de extraditados colombianos y mexicanos, y si nos remontamos más llegamos al caso del panameño Manuel Antonio Noriega.
La aplicación de la extraterritorialidad puede darse bajo dos modalidades: la primera significa la posibilidad de aplicar en un país la norma de otro, y la segunda, la acción extraterritorial de la persecución de los delitos e inclusive romper la protección que su país le dé para que sea juzgado en función de la dimensión y magnitud de los crímenes.
El destacado jurista Mario Murillo señala que el primer caso en que esto se da es en el tribunal de Nuremberg, cuando se juzga a los criminales de guerra alemanes, muchos de los cuales fueron juzgados por delitos cometidos en países diferentes a Alemania, como Francia, Bélgica e Italia, en lo que constituyó una aplicación extraterritorial de la norma y el principio de asumir como internacionales las normas persecutorias a ese tipo de acciones que eran delitos contra la humanidad, es decir, el antecedente del delito de genocidio que vendría después, en los años cincuenta.
El cardenal Norberto Rivera está metido en un asunto muy delicado en lo personal y en lo religioso, pero pretender que la demanda es un ataque o una conspiración contra el catolicismo es riesgoso, porque si el resultado fuese negativo, entonces la Iglesia tendrá que pagar un alto costo sin tener por qué.
Un segundo frente de batalla es el mediático, donde se expone la imagen y la credibilidad, además de ejercer una indudable presión a todos los actores involucrados. El cardenal cuenta con el apoyo natural de los medios electrónicos, particularmente de las televisoras, los periódicos de la familia Vázquez Raña y de varios grupos radiofónicos que han dado poco eco a la demanda y a las argumentaciones. En contraparte, medios como La Jornada, Proceso, CNN y las periodistas Carmen Aristegui y Sanjuana Martínez mantienen una tenaz cobertura que por momentos ha hecho mella en la estrategia del purpurado. Si bien se ha avanzado poco y aún persisten medios y líderes de opinión que se convierten en cómplices con su silencio, estamos en un momento distinto al de aquel 1997, cuando Ciro Gómez Leyva presentó en Canal 40 testimonios de personas abusadas por Marcial Maciel, lo que desató un vergonzoso boicot comercial de anunciantes. La estrategia mediática del cardenal ha sido la descalificación agresiva de sus oponentes, destacando la nula sensibilidad por las víctimas.
El otro frente de Rivera Carrera son las posiciones aparentemente encontradas con el cardenal Roger Mahony. Con más de 560 demandas, millonarias pérdidas y cientos de problemas, da la impresión de que el prelado estadunidense se quiere quitar este caso de encima y endosarlo. Ambos cardenales se contradicen y confrontan, e inclusive parece que Mahony tiene algo de verdad, porque él sí ha presentado pruebas: ha exhibido documentos de la relación con Norberto Rivera que no acreditan una comunicación que este último señala le envió, de la que nadie ha visto copia o prueba de que exista, en la que supuestamente le describía las tendencias homosexuales de Nicolás Aguilar.
Hasta ahora, Rivera Carrera no ha demostrado la verdad de su dicho en términos de derecho y hay que demostrarla. De persistir posturas encontradas, algunos colegas vaticinan la intervención drástica de Roma, veremos.