Pretende cobrar más de $500 mil para dar acceso a copias de expedientes de queja
Denuncian obstrucción de CNDH a la transparencia informativa
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace "inviable" el derecho de acceso a la información pública que le mandata la ley respectiva, al pretender cobrar más de medio millón de pesos para dar acceso a las copias de seis expedientes de queja, informó Graciela Rodríguez de la asociación civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Los expedientes solicitados tienen que ver con el desalojo de los trabajadores mineros de la Siderúrgica de Lázaro Cárdenas; las violaciones, abusos y vejaciones en San Salvador Atenco; el uso excesivo de la fuerza pública por el Estado Mayor Presidencial en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en 2006; la violencia contra extranjeros en la estación migratoria de Iztapalapa, entre otros temas.
Fundar adelantó que este lunes presentará el informe sobre la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en el que destaca la omisión de información sobre el destino y objetivo del gasto de 901 millones de pesos autorizados para 2007.
"En materia de transparencia y acceso a la información, el diagnóstico encontró que los asambleístas incumplen con 66 por ciento las condiciones que prevé la ley", consignó Jacqueline L'Hoist, de Fundar.
Entre otros datos que se omiten, sobresalen: el criterio con que cada asambleísta asigna 267 mil pesos para gastos mensuales y los nombres y perfil de los asesores de los legisladores, para cuyas funciones se destinan más de 7 millones de pesos al mes.
Fundar se especializa en dar seguimiento al gasto público y a la rendición de cuentas. En su junta directiva participa el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Juan Pablo Guerrero, e investigadores y académicos de El Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y otras instituciones.
Respecto de la CNDH, Rodríguez informó que bajo el amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), solicitaron a ese organismo copia de los expedientes de queja referidos, por las cuales pretende cobrar 93 pesos por cada fotocopia testada.
Son testadas porque de la fotocopia eliminan con marcador negro los datos personales de los implicados, para evitar la difusión de nombres, domicilios y otros. "Tan sólo para acceder a dos expedientes tendrían que erogarse 90 mil pesos, o bien 580 mil pesos por los seis."
Con esa "práctica viciada", dijo, la CNDH "pretende traspasar a los particulares el costo de su obligación de proteger los datos personales y en la práctica hace inviable ejercer el derecho a la información".
Denunció también que la CNDH "pretende ocultar" los nombres de los consejeros que participan en las sesiones de su consejo consultivo, por considerarlos datos personales.
"Los miembros de ese consejo ejercen una función pública y protestan su cargo ante el Senado. La sociedad tiene el derecho de conocer y evaluar su desempeño, para estar en posibilidad de participar activa y responsablemente en el procedimiento de su elección."
En el artículo 3, fracción 14, de la LFTAIPG, se señala como sujetos obligados de cumplir esa ley a los órganos constitucionales autónomos. Sin embargo, por su autonomía, la CNDH no está sujeta a las resoluciones del IFAI.
La decisión de la CNDH, de cobrar más de medio millón de pesos por las fotocopias de los expedientes, fue expuesta ante la comisión respectiva de la Cámara de Diputados por Fundar, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el ITAM, integrantes del Programa Atalaya, cuyo objetivo es evaluar la gestión y rendición de cuentas de ese organismo.