Una agenda laboral para el Distrito Federal
Buena noticia es la creación de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en el Gobierno del Distrito Federal, derivada de la reforma a su Ley Orgánica que entró en vigor el pasado 7 de febrero. A esta nueva dependencia se le asigna la misión de formular y ejecutar políticas y programas laborales tendientes a la observancia de nuestra Ley Federal del Trabajo, la protección de los trabajadores y el fomento del empleo, para lo cual deberá coordinarse con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
Mala noticia es que a dicha secretaría no se le asignaron recursos materiales ni humanos necesarios para el cumplimiento de sus tareas. El presupuesto asignado por la Asamblea Legislativa es el mismo de la extinta Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, la cual operaba de por sí precariamente. Si no se destinan medios de funcionamiento a esta importante dependencia se verá obligada a dedicarse a actividades marginales, careciendo de sentido su creación.
Una política laboral dinámica y progresista constituye una oportunidad para que los gobiernos acrediten su compromiso con la población, cuya mayoría son trabajadores, requiriéndose de una agenda y de voluntad política. Sin duda, un primer eslabón es respetar la legalidad laboral en el ámbito interno de los trabajadores que prestan sus servicios al propio gobierno; para ello sería fundamental hacer extensivas las protecciones laborales, incluyendo las de seguridad social, al creciente número de trabajadores que son contratados bajo la modalidad de un convenio por honorarios, cuando auténticamente prestan sus servicios sujetos a una relación de trabajo ordinario. Esta política no es nueva, se reproduce en todo el país, en todos los gobiernos tanto a escala estatal como federal; es una vía para reducir el costo de la mano de obra. Sin embargo, detrás de ella se genera un drama personal y familiar que recuerda los reclamos de los trabajadores de principios del siglo pasado.
Sin necesidad de reformas legales se puede avanzar en varios aspectos de una agenda básica. Un tema previo se relaciona con la transparencia de la información con la que cuentan las dependencias públicas; no es necesario que culmine el proceso de reforma al artículo sexto constitucional, tampoco esperar las modificaciones a la ley local en materia de transparencia que promueve el Consejo de Información del Distrito Federal, para lograr avances en esta materia. Basta permitir e incluso facilitar el acceso público a la información contenida en el área de Registro de Asociaciones y de Contratos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Este paso daría luz a muchos de los vicios que agobian el entorno laboral.
Una administración de justicia laboral progresista se distingue por su grado de respeto a los derechos colectivos de los trabajadores, incluyendo el otorgamiento de registros sindicales y el acceso a la contratación colectiva por la vía de la firma o cambio de titularidad, procesos que deben ser ágiles y sin trabas para su libre ejercicio. En este apartado sería fundamental recuperar el compromiso en favor del voto secreto en los recuentos sindicales, decisión que sin justificación alguna siguen difiriendo nuestras autoridades. Convendría realizar una encuesta sobre el comportamiento de los tribunales de trabajo en el interior de la República, para identificar su grado de respeto a estos derechos elementales, pues así se mostraría el grado de congruencia entre el discurso y los hechos.
La lucha contra la corrupción sindical es una tarea difícil pero indispensable. La práctica cotidiana, plagada de emplazamientos a huelga y titularidades fantasmas de sindicatos que actúan sin representar a un solo trabajador, de actos de violencia en las instalaciones del propio tribunal laboral, de abogados empresariales que promueven contratos colectivos falsos, crecen día con día; es necesario diseñar una estrategia para afrontarlos. Por su lado, la lentitud en la administración de justicia, motivada en parte por la limitación de recursos humanos y financieros, también es fruto de complicidades que no son afrontadas. Todo parece indicar que existe un gran temor e inseguridad para encarar estos vicios, pareciera que la consigna es "no hacer olas", a fin de evitar conflictos que puedan preocupar a las autoridades superiores; en el fondo sería una paz laboral simulada. El problema es que una política inmovilista se convierte, aun sin quererlo, en aliento a las perversiones laborales que agobian a trabajadores y pequeños empresarios.
Un punto adicional de esta elemental agenda reclama un órgano de inspección laboral altamente profesional. Es imposible que con treinta inspectores carentes de medios se puedan hacer visitas a más de 300 mil centros de trabajo en nuestra ciudad. Se necesitarían más de 50 años para visitarlos al menos una vez al año, considerando cuatro visitas semanales por inspector. Además de existir compromisos internacionales y obligaciones de ley, están plenamente acreditadas las virtudes de la inspección laboral para lograr en los propios centros de trabajo conductas preventivas, cumplimiento real de las normas, así como nuevos procesos educativos que mejoren la calidad de las relaciones de trabajo. La problemática existente en el sector de la construcción y de los servicios requiere urgentemente de la tarea de supervisión.
En tanto la nueva secretaría obtiene recursos para funcionar, sería deseable establecer acuerdos de colaboración en conjunto con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, con organismos internacionales, instituciones educativas y sectores especializados, para ir avanzando en el análisis, diagnóstico y propuestas sobre la problemática laboral de la ciudad, que es finalmente la problemática común de la gente.