Usted está aquí: viernes 2 de marzo de 2007 Política El PAN resuelve por fin apoyar la ley antidiego contra tráfico de influencias

Se busca impedir que al amparo del fuero los legisladores delincan con impunidad

El PAN resuelve por fin apoyar la ley antidiego contra tráfico de influencias

Santiago Creel da a conocer el proyecto blanquiazul a las fracciones de PRD y PRI

Todo parece indicar que el llamado "régimen de incompatibilidades" será aprobado

ANDREA BECERRIL, VICTOR BALLINAS

La fracción del PAN en el Senado presentó ayer su proyecto final en torno a la llamada ley antidiego, mediante la cual se propone eliminar el fuero de los legisladores que incurran en delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, abuso de autoridad y otros propios de los servidores públicos.

El coordinador de los senadores panistas, Santiago Creel Miranda, dio a conocer el nuevo documento al priísta Manlio Fabio Beltrones y al perredista Carlos Navarrete. Explicó luego que "de nada habría servido instaurar un régimen de incompatibilidades en que las sanciones debieran esperar a que se quitara el fuero a los legisladores".

De tal manera, dijo, que si un diputado o senador es denunciado por abusos en el ejercicio de su responsabilidad, no podrá escudarse en el fuero y de inmediato será llevado a tribunales.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, se congratuló de que la bancada del PAN finalmente aceptara incluir en su iniciativa de ley de incompatibilidades, "una propuesta original de Pablo Gómez, de tocar de una vez el fuero de los legisladores", para que enfrenten juicios penales sin necesidad de acudir a la inmunidad constitucional.

Navarrete consideró que la reforma puede votarse la próxima semana, ya que hay consenso en establecer en la Carta Magna la normatividad precisa para evitar que los legisladores incurran en conflictos de interés y se beneficien económicamente del cargo.

Se trata de una iniciativa que Creel presentó, en nombre de su grupo parlamentario, durante noviembre del año pasado, que debieron luego modificar ante las protestas de senadores del blanquiazules dueños de empresas y de despachos jurídicos que consideraron que se vulneraban sus derechos.

La propuesta original planteaba que los legisladores no podrían dedicarse a otra actividad remunerada, lo que fue excluido del proyecto final que ayer se hizo público, en el que sólo se establece la prohibición de desempeñar algún cargo o comisión en dependencias públicas.

Creel aseguró que se preservó el espíritu de la iniciativa, toda vez que se señala claramente que quien incurra en conflicto de interés para su beneficio, de su familia o dependientes económicos, será sancionado.

El proyecto de reforma a los artículos 61, 62, 111 y a la Ley Orgánica del Congreso prohíbe a los legisladores "litigar por sí o por interpósita persona en favor de terceros, en contra de los intereses patrimoniales de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y sus delegaciones o de los municipios".

Les prohíbe, asimismo, recibir dinero o cualquier otra "dádiva" a cambio de influir en resoluciones del Congreso o presionar a funcionarios para llevar a cabo u omitir alguna gestión pública.

Lo novedoso es la reforma al artículo 62 constitucional, en el que se establece que los diputados o senadores "que incurran en alguna conducta que la legislación penal federal prevea como delitos de los servidores públicos, no gozarán de la inmunidad procesal", es decir, se les retira el fuero en caso de delitos de los servidores públicos, aunque en el artículo 61 de la Carta Magna se precisa que diputados y senadores "gozarán de inmunidad parlamentaria por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas".

La propuesta lleva el aval de los 52 senadores del PAN, detalló Creel, y se complementa con otra iniciativa, presentada por sus compañeros en San Lázaro, también sobre el fuero.

 
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