Usted está aquí: miércoles 28 de febrero de 2007 Política Empieza hoy el despido de empleados en el IFE

Frenar dispendio de consejeros, exige el sindicato

Empieza hoy el despido de empleados en el IFE

Del total de plazas a eliminar, 120 están vacantes

ALONSO URRUTIA, CAROLINA GOMEZ

A partir de hoy comenzarán los despidos de personal en el Instituto Federal Electoral (IFE), como consecuencia del recorte presupuestal decretado por la Cámara de Diputados. Si bien la cifra sobre los posibles ceses se ha manejado con discreción, se estima que no superarán las 300 plazas, de las cuales se calcula que 120 están vacantes, por tanto, no implicarán despido alguno.

De acuerdo con estimaciones de la Junta General Ejecutiva, el impacto financiero del recorte de personal no sobrepasará los 41 millones de pesos, lo que representa aproximadamante 6 por ciento del total del ajuste presupuestal realizado al gasto operativo del IFE.

Acerca del recorte en las áreas centrales, los consejeros electorales acordaron que se realizarían ajustes presupuestales equivalentes a 4 por ciento del total de recursos de cada área, lo que implicaría la reducción de plazas y en otros gastos de las oficinas.

Se considera que entre las áreas más afectadas está el Registro Federal de Electores, que es una de las que mayor personal y presupuesto tienen. El recorte de plazas permitiría comenzar la restructuración de esta instancia, que ha sido postergada durante más de año y medio.

Otra de las áreas que experimentarían mayor impacto con el recorte es la Coordinación Nacional de Comunicación Social, aunque se reconoce que el despido de trabajadores será prácticamente en todas las direcciones ejecutivas, con excepción de la de Organización, que ya tiene menos personal.

Sin embargo, la discusión en el IFE también se centra en el tipo de plazas que se van a eliminar, situación que fue cuestionada por los partidos políticos en la sesión del lunes pasado, cuando solicitaron adoptar estas decisiones buscando la menor afectación de personas posible.

Por ejemplo, la anulación de una plaza con salario de 7 mil pesos mensuales implicaría un ahorro de 84 mil pesos al año, cifra ligeramente superior (en mil pesos) al sueldo mensual que devenga un asesor del consejero presidente, Luis Carlos Ugalde. Es decir, se requeriría la eliminación de 12 plazas de 7 mil pesos para equipararlo con el eventual ahorro que implica cancelar una plaza de asesor.

En el caso de mandos medios, que perciben entre 35 mil y 50 mil pesos mensuales, el ahorro por eliminar una plaza de este tipo oscilaría entre 400 mil y 600 mil pesos anuales, que contrastan con los puestos con salarios más bajos, que varían de 4 mil a 5 mil pesos.

Ante los inminentes despidos, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Federal Electoral (STIFE) -que carece de reconocimiento oficial- informó que los empleados están dispuestos a realizar movilizaciones para defender su fuente laboral e inclusive a realizar un "paro nacional" si las autoridades del instituto no dan marcha atrás en sus pretensiones. Afirmó que "para ahorrar en el IFE" deben "frenarse los dispendios de altos funcionarios y consejeros".

En entrevista con este diario, Manuel León Rodríguez, secretario general del STIFE, subrayó que en el instituto "continúa la elaboración de los cheques de finiquito, y todo hace prever que se concretará el despido de casi 300 trabajadores administrativos de las oficinas centrales".

Por esta razón, llamó a la "cordura" a las autoridades, pues "los ahorros que se pueden tener al recortar personal que gana en promedio poco más de 4 mil pesos, son mínimos, ya que con el despido de un trabajador ni siquiera se costea el pago del sueldo mensual de algún asesor del consejero presidente Luis Carlos Ugalde".

Precisó que en las oficinas centrales del IFE laboran aproximadamente 2 mil 900 trabajadores administrativos, y que la pretensión es cesar a 288. Consideró que esto es una "injusticia, pues mientras nos quieren correr para ahorrar, el IFE paga 2.7 millones de pesos al despacho jurídico que elaboró la controversia constitucional por la presunta invasión de facultades (de la Cámara de Diputados) en materia presupuestal".

 
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