Usted está aquí: miércoles 28 de febrero de 2007 Política Sí se atienden las denuncias: subsecretario

Sí se atienden las denuncias: subsecretario

Fabiola Martínez

El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Florencio Salazar Adame, rechazó el diagnóstico de Jorge Bustamante, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos de los migrantes, quien el lunes pasado declaró que son una "vergüenza" los recientes casos de violaciones a las garantías básicas en el país y calificó de "mentira" que el gobierno mexicano presuma en el exterior que aquí se avanza en esa materia.

"No compartimos el criterio del doctor Bustamante porque el gobierno mexicano hace un esfuerzo comprobado por atender las diferentes denuncias y recomendaciones", dijo el funcionario.

Afirmó que existen organizaciones no gubernamentales que incurren en delitos al apoyar a indocumentados: "no podemos caer en la ingenuidad de suponer que todos los interesados lo hacen por una razón humanitaria, evidentemente hay redes de traficantes de personas que, al amparo de supuestas agrupaciones humanitarias, pretenden llevar a quienes contactan para su traslado y usan algunas organizaciones de fachadas".

En el ámbito de su competencia está uno de los organismos que acumulan el mayor número de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): el Instituto Nacional de Migración (INM).

La CNDH recibió, en 2006, 279 quejas por acciones del INM; de éstas se formalizaron 73 denuncias y siete derivaron en recomendaciones.

Sólo en enero pasado se recibieron 32 quejas y ya hay una recomendación por habilitar cárceles municipales como estaciones migratorias. A partir de marzo, indicó la comisionada del INM, Cecilia Romero, serán cesados los funcionarios que autoricen esa irregularidad. La funcionaria admitió diversas irregularidades e inclusive el caso de presunto secuestro de guatemaltecos por personal del instituto. Precisó que en 2006 fueron sancionados 187 servidores públicos por diversas irregularidades, la mayoría relativas a violación de derechos de los migrantes.

 
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