Es incompatible con la Carta de Derechos y Libertades
Invalida Corte canadiense cláusula antiterrorista contra extranjeros
Ottawa, 23 de febrero. La Corte Suprema de Canadá invalidó hoy un procedimiento que permite a las autoridades detener sin juicio a extranjeros sospechosos de terrorismo, por considerarlo inconstitucional.
En un fallo muy esperado, la principal instancia judicial canadiense estableció por unanimidad que el régimen de "certificados de seguridad" incluido en la ley sobre inmigración y protección de refugiados "es incompatible con la Carta de los Derechos y Libertades y, por tanto, inoperante".
No obstante, el tribunal dio un año de plazo al gobierno y al Congreso para modificar dicho procedimiento. "La entrada en vigor de esta declaración queda suspendida por un periodo de un año a partir de la fecha de este fallo", dice el texto.
El ministro de Seguridad Pública, Stockwell Day, reaccionó ante la decisión al señalar en un comunicado que hasta esa fecha "el proceso relativo a los certificados de seguridad será mantenido". El gobierno mantiene "inquebrantable su voluntad de proteger la seguridad nacional", agregó.
En sus consideraciones, la magistrada Beverley McLachlin señaló que el procedimiento "afecta la protección contra la detención arbitraria. El secreto requerido por el régimen impide a la persona señalada saber lo que se le reprocha y contestar la tesis del gobierno", destacó la jueza.
Reconoce que ante una amenaza terrorista las autoridades deben actuar, pero "las cuestiones de seguridad no pueden servir para legitimar un procedimiento no conforme con la justicia fundamental".
Según Alex Neve, titular de Amnistía Internacional en Canadá, el fallo constituye un mensaje claro: "que en el ámbito del antiterrorismo los gobiernos no pueden limitar los derechos humanos".
Los "certificados de seguridad" autorizaban las detenciones indefinidas y sin juicio, así como las expulsiones a sus países de origen de extranjeros o residentes sin ciudadanía canadiense que representaran, en opinión de las autoridades, una amenaza para la seguridad de Canadá. Además, el acusado y sus abogados no tenían acceso a las acusaciones detalladas, puesto que sólo el juez tenía conocimiento de las pruebas.
La Corte Suprema se pronunció así sobre un recurso presentado por el argelino Mohammed Harkat, el marroquí Adil Charkawi y el sirio Hassan Almrei, sospechosos de ser agentes de células dormidas de la red Al Qaeda o de mantener vínculos con ella.
Dos de ellos, Harkat y Charkawi, purgaron varios años de cárcel antes de recobrar la libertad bajo estrictas condiciones, que les obligan a llevar brazaletes electrónicos. Almrei sigue encarcelado.
"Es una buena decisión. Estamos muy contentos", dijo Barbara Jackman, abogada de Hassan Almrei. "Creo que no se pone en peligro la seguridad permitiendo un proceso judicial justo. Es una señal para otros países de que esto es posible aun cuando se trate de seguridad nacional", agregó.
Los "certificados de seguridad", que se rigen por la ley de inmigración, tienen casi 30 años de existencia, pero volvieron a cobrar actualidad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Los abogados de los tres hombres y las organizaciones defensoras de los derechos humanos alegan que son inaceptables porque permiten el arresto indefinido, y los acusados y sus abogados no tienen acceso a la totalidad de las acusaciones.