"Nos vamos con las manos vacías", dicen sindicalistas tras encuentro con funcionarios
Advierte el gobierno que no habrá aumento salarial de emergencia ni control de precios
El gobierno federal no otorgará ningún incremento salarial de emergencia, tampoco fijará un control de precios a los productos básicos ni hará una revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue la respuesta que ayer dieron los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Agricultura, Alberto Cárdenas, así como la subsecretaria de Economía, Rocío Ruiz, a las organizaciones sindicales y campesinas independientes con la que anoche sostuvieron una reunión.
Los funcionarios incluso plantearon que los salarios de emergencia "generan fricción en las relaciones laborales, porque algunas empresas no tienen capacidad económica para otorgarlos", y además provocan desempleo. Del control de precios, lo rechazaron porque, supuestamente, propicia desabasto de productos.
En un documento de 27 cuartillas en el que las dependencias dan respuesta a las demandas hechas por las organizaciones en la llamada Declaración del Zócalo, se establece en cambio que a los miembros del Ejército Mexicano se les otorgó un incremento de 46 por ciento "en reconocimiento de su lealtad y disciplina, pero argumenta que para los obreros no puede haber salario de emergencia porque es una medida inflacionaria que inhibe la inversión y resta competitividad a las empresas".
En la sesión que comenzó a las 17:30 horas y finalizó hasta entrada la noche, los dirigentes de organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores, Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras, la Coalición Democrática, el Frente Sindical Mexicano y la Coalición Ciudadana Nacional, no salieron conformes. "Nos vamos con las manos vacías", dijeron.
Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, planteó que prácticamente se les dijo no a todo y que el gobierno muestra una indeferencia a las demandas sindicales, por lo que las organizaciones "nos tendremos que reagrupar y consensuar movilizaciones; esa es nuestra alternativa y se lo planteamos al secretario del Trabajo".
A su vez, Max Correa, de la Central Campesina Cardenista, indicó que es "inaceptable" la respuesta del gobierno, porque hay una realidad social que no quiere reconocer.
Las propuestas alternativas que dieron los funcionarios en esta reunión son impulsar una reforma laboral con la necesaria modernización de la Ley Federal del Trabajo para responder a las "inquietudes crónicas del sector", así como realizar una "reingeniería de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y preservar el poder adquisitivo del salario mediante la productividad o de programas sociales, por lo que "se mantendrán las transferencias directas a los grupos más afectados por medio de padrones como Oportunidades y Liconsa".