Editorial
Tepito: desalojo irregular
El proceso de expropiación y desalojo de una vecindad de más de 100 viviendas en Tepito podría ser la aplicación de un enfoque novedoso y plausible en las estrategias gubernamentales de combate a la delincuencia. Sin embargo, las acciones del gobierno capitalino se han desarrollado con poca transparencia legal y nulo rigor administrativo. Queda por ver si no se han cometido atropellos a los derechos de los habitantes del inmueble, y cabe demandar que si ha ocurrido así, las faltas se corrijan a la brevedad. Asimismo, es necesario que las autoridades del Distrito Federal garanticen el estricto respeto a las pertenencias de los desalojados, y que les resuelvan en el menor tiempo posible la súbita carencia de vivienda.
No puede ignorarse el hecho de que la criminalidad organizada ha construido poderosos enclaves en diversas zonas de la capital -y del país-, reductos de impunidad cuya desarticulación requiere de acciones audaces, imaginativas y radicales, y el caso de Tepito es paradigmático: en ese barrio añejo las autoridades federales y locales han dejado prosperar, desde hace muchos años, toda suerte de actividades ilícitas, desde comercialización de contrabando hasta narcotráfico, pasando por explotación sexual, falsificación de mercancías y venta de armas y de productos robados. Desde que hace décadas la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y el entonces Departamento del Distrito Federal renunciaron a su obligación de erradicar la venta de fayuca en el barrio, la autoridad del Estado se ausentó de las calles tepiteñas y cedió el sitio a diversas organizaciones mafiosas que de entonces a la fecha han tejido redes de poder paralelo y se han enquistado en el tejido de la población. No es de extrañar que ahora los grupos de narcomenudistas que operan en y desde Tepito cuenten incluso con cierto respaldo social en la zona, ni que en ésta se haya ido conformando una suerte de central de abasto de las sustancias prohibidas que se distribuyen en la ciudad de México.
Posiblemente no haya otro camino, si se busca desarticular a estos estamentos delictivos, que medidas como las adoptadas en el curso de este mes por el gobierno que encabeza Marcelo Ebrard. Pero no es fácil entender que la autoridad capitalina haya actuado antes de obtener la aprobación de reformas jurídicas sin duda pertinentes -el establecimiento de una ley de extinción de dominio- que habrían dado plena patente de legalidad y legitimidad a la expropiación y el desalojo de las vecindades tepiteñas. Al anticipar las acciones referidas, el Gobierno del Distrito Federal ha debido operar con la figura de la expropiación, que no parece ser la más pertinente en casos como el que se comenta, y ha abierto la puerta a críticas y señalamientos tan oportunistas y convenencieros como el recientemente formulado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), organismo cúpula que exige rutinariamente acciones concretas para mejorar la seguridad pública y que ahora, sin embargo, se rasga las vestiduras por lo que califica de "ataque a la propiedad privada".
De esta manera, el gobierno de la ciudad se ve obligado a pagar un costo político por una acción que, si se hubiera realizado en forma más pulcra, regular y transparente, habría merecido el consenso y el respaldo de la sociedad capitalina, incluidos los habitantes honrados del céntrico barrio.