¿Dónde quedó el acuerdo laboral paralelo al TLCAN?
La negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se enfrentó en su tiempo a voces críticas en los tres países implicados, que advertían sobre sus efectos dañinos: mayor dependencia hacia Estados Unidos, agudización de las asimetrías entre los países y lesión a productores y ramas de industria sin condiciones para una competencia abierta. Se advertía que muchas fuentes de trabajo, fundamentalmente en las micro y pequeñas empresas, que sostienen la mayor parte de los empleos, serían cerradas y se tendería a un modelo de bajos salarios y precarización de condiciones de trabajo. Ante las protestas de los sindicatos estadunidenses, y en plena campaña electoral, el candidato presidencial Bill Clinton propuso la necesidad de acuerdos en los órdenes ambiental y laboral, paralelos al TLCAN.
Así nació el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), suscrito por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá iniciando su vigencia el primero de enero de 1994. Han transcurrido 13 años y es el momento oportuno para evaluar sus resultados en razón de los fines y principios rectores contenidos en su texto. El objetivo explícito fue mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores en los tres países, para lo cual se establecieron 11 principios, los dos primeros orientados a proteger la libertad de asociación y el derecho a la libre organización, y contratación colectiva. Se creó una Comisión para la Cooperación Laboral, en la que participarían los ministros del Trabajo y oficinas administrativas (OAN) en cada país, quienes recibirían quejas por violaciones al acuerdo.
El ACLAN incluyó un sistema de verificación y de sanciones, desde simples consultas, hasta la aplicación de multas y la eventual suspensión de los beneficios del TLCAN. Desde su diseño mostraba limitaciones estructurales en su contenido, no había correspondencias entre los fines y los medios para lograrlos, y las sanciones se limitaban a violaciones relacionadas con el pago de salario mínimo, trabajo de menores y seguridad e higiene, con exigencias adicionales referidas a compatibilidad de leyes reconocidas entre las partes y vinculadas con el comercio.
Pasados 13 años se han acreditado muchas de las críticas vertidas desde un principio. El ACLAN ha sido en esencia un fracaso, más allá de haber servido como foro para demostrar los vicios y limitaciones de los sistemas laborales en los tres países, aunque sin duda alguna con mayor fuerza en el nuestro. Las promesas sobre la mejora de calidad de vida han sido una ilusión, independientemente de los efectos laterales vinculados a la actividad exportadora. Existen sectores que se han visto afectados seriamente, en ramas generadoras de empleo, y otros han quedado condenados a la postración, como buena parte del sector agropecuario. En contra de las expectativas de los promotores del acuerdo, la migración se ha incrementado en más de 50 por ciento.
Por lo que se refiere al sistema de denuncias, los datos duros nos demuestran también que el ACLAN no ha cumplido sus objetivos. Se han presentado 34 quejas y ninguna de ellas generó una sola sanción; en el mejor de los casos, se lograron consultas ministeriales de carácter voluntario, declaraciones públicas o la celebración de encuentros, que hoy han quedado en el olvido. La estructura que se diseñó a nivel de páneles de expertos, estudios y evaluaciones no ha acreditado su utilidad. Priva un ambiente de complicidad gubernamental para soslayar los problemas centrales de los trabajadores.
Las violaciones originadas en nuestro país abarcaron 64 por ciento de las quejas presentadas en los tres países, siendo sobresaliente que 67 por ciento del total estuviesen relacionadas con agresiones a la libertad sindical y al derecho de contratación colectiva, tema fundamental que, si bien fue reconocido en los mecanismos del acuerdo, fue soslayado en los mecanismos de cumplimiento. El trámite es lento y ausente de procedimientos transparentes, lo que ha mermado el ánimo de los quejosos.
A pesar de las limitaciones en los encuentros, conferencias o seminarios convocados, muchas veces constreñidos a exposiciones de funcionarios, se ha logrado exhibir parte de nuestros vicios, tal es el caso del seminario celebrado el 23 de junio de 2000 en Tijuana, Baja California, para analizar las violaciones a la libertad sindical en México. En esa ocasión se hicieron presentes golpeadores de la central involucrada, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que agredieron a los trabajadores quejosos a la vista de autoridades laborales de los tres países. En el caso de la queja por la conducta de la maquiladora Duro Bag, relacionada con las violaciones en el sistema de votación en los recuentos, la OAN estadunidense desechó la queja de los trabajadores el 22 de febrero de 2002, alegando que las autoridades laborales mexicanas habían informado que conforme a nuestra legislación no era procedente la votación secreta, argumento falso y doloso que muestra la conducta de nuestro gobierno en el ámbito internacional.
Ante los reclamos de revisión del TLCAN que hoy se pretende profundizar con un llamado Acuerdo de Seguridad y Prosperidad para América del Norte, frente a la próxima jornada electoral presidencial en Estados Unidos y definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el estatus jurídico de los convenios internacionales, es necesario sustituir este ineficiente acuerdo por un instrumento que logre los objetivos y principios del ACLAN. Sería conveniente incluir los convenios internaciones relacionados con el trabajo migrante, la libertad sindical, la negociación colectiva, la seguridad social, la protección al salario y la existencia de una justicia laboral imparcial; son temas que deben ser acompañados de mecanismos de participación social para lograr su cumplimiento.