Usted está aquí: jueves 15 de febrero de 2007 Mundo Comienza macrojuicio a 29 acusados por el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid

La fiscalía pide penas que superan los 270 mil años de cárcel por los 191 muertos

Comienza macrojuicio a 29 acusados por el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Ampliar la imagen Un trabajador instala vallas frente a la Audiencia Nacional, a horas del inicio del macrojuicio Foto: Ap

Madrid, 14 de febrero. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que dejaron 191 muertos y mil 824 heridos, reivindicados por la organización Al Qaeda, llegarán este jueves a los tribunales con un macrojuicio contra 29 acusados.

El juicio del 11-M pretende cerrar uno de los capítulos más tristes en la historia reciente de este país, además de despejar todas las dudas sobre las motivaciones y consecuencias del atentado, que continúa siendo motivo de enfrentamiento entre los dos principales partidos políticos.

Así, en el proceso judicial se enfrentarán dos versiones sobre la matanza: la que defienden los jueces y fiscales instructores, el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la mayoría de los servicios de inteligencia del mundo, que atribuyen la autoría a un grupo islamita radical que decidió actuar en España debido a la implicación del ex mandatario conservador José María Aznar en la guerra de Irak.

La otra versión sólo la defienden contra viento y marea los actuales dirigentes del derechista Partido Popular (en la oposición) y algunos medios de comunicación afines, que insisten en que el atentado fue fruto de una conspiración a gran escala para derrocar al gobierno de Aznar.

En esta supuesta "conspiración" habrían participado desde terroristas islamitas hasta los servicios de espionaje marroquíes, los miembros de la organización armada vasca ETA e inclusive los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español.

La disparidad de las versiones es consecuencia de que el atentado ocurrió a sólo tres días de que se celebraron elecciones presidenciales, en las que salió vencedor de forma sorpresiva Rodríguez Zapatero, debido a la indignación que provocaron las reiteradas manipulaciones del gobierno de Aznar, que insistió en que el ataque fue obra de ETA, pese a que todas las investigaciones apuntaban a Al Qaeda.

El magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha redactado un sumario de más de 100 mil folios en que se incluyen los testimonios de más de 650 testigos, las declaraciones de 116 personas, los documentos de 50 mil registros telefónicos, 200 pruebas de ADN y los informes técnicos y periciales sobre el tipo de explosivo utilizado -Goma 2- y de las autopsias realizadas a los siete atacantes suicidas.

El juez decidió imputar a 29 personas por el atentado, entre las cuales hay nueve ciudadanos españoles -la mayoría implicados en la venta del explosivo utilizado-, en tanto que el resto son ciudadanos marroquíes, argelinos y egipcios.

La fiscalía solicita para todos ellos penas que superan los 270 mil años de cárcel, al acusarlos de 191 asesinatos consumados y mil 824 tentativos.

Entre los procesados se encuentran tres de los supuestos autores materiales, Rabei Osman El Sayed, conocido por el alias de El Egipcio, Youssef Belhadj y Hassan El Haski, mientras que también habría entre los imputados al menos tres autores materiales, es decir, que participaron activamente en la preparación y ejecución del atentado explosivo: Jamal Zougam, Abdelmajid Bouchar y Basel Ghalyoun.

Entre los procesados también se halla el minero asturiano Emilio Suárez Trashorras, que se enfrenta a la petición de condena más larga de todos, 38 mil 670 años, al acusarlo de "cooperador necesario" de la matanza, pues él habría sido quien facilitó el explosivo a la célula islamita.

En la primera sesión de este macrojuicio se interrogará a uno de los autores intelectuales, Rabei Osman, detenido en Milán el 7 de junio de 2004, quien se ha declarado inocente de todos los cargos.

El juicio también prestará atención especial a la asistencia a las víctimas y sus familiares, que podrán seguir los interrogatorios desde un circuito cerrado y tendrán en todo momento asistencia sicológica. El proceso judicial se podría prolongar hasta un año.

 
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