Se evitarían deudas con empresas del ramo, dicen expertos
Quitar publicidad oficial a medios electrónicos abona a la democracia
Abatir el costo de la democracia en México pasa necesariamente por suspender o prohibir la contratación de publicidad en medios electrónicos, hacia donde se canaliza más de 65 por ciento de los recursos que reciben los partidos para sufragar sus campañas. Pretender reducir partidas sin atender el oneroso gasto en medios, sólo provocaría riesgos de que los institutos políticos acudieran a financiamiento ilegal.
Ese fue uno de los consensos durante la mesa sobre el financiamiento de partidos desarrollada en el contexto del seminario Constitución, democracia y elecciones: la reforma que viene, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde los ponentes admitieron el elevadísimo costo que tiene la democracia en el país.
Jorge Alcocer, ex subsecretario de Gobernación, y Eduardo Huchim, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, coincidieron en señalar que durante los pasados 10 años los partidos han recibido alrededor de 25 mil millones de pesos como financiamiento.
En su oportunidad, el director de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, Fernando Agiss, reconoció las distorsiones que existen en la legislación que permitirán, de no haber reforma, que en 2009 el PAN reciba cinco veces más recursos del total que podrá gastar en virtud del tope de la campaña de diputados; PRI y PRD recibirían tres veces más esa cifra.
Agiss mencionó que como efecto de las distorsiones legales que incluyen al número de partidos como factor en la fórmula de asignación de recursos, en este año cada instituto político recibirá alrededor de 33 por ciento más dinero para gasto ordinario que el ejercido en 2006.
Las críticas al papel de los medios electrónicos fue uno de los ejes de la participación en el seminario. El periodista y analista Miguel Angel Granados Chapa indicó que la urgencia de "desdinerizar" la política en México pasa, entre otros aspectos, por controlar el acceso a los medios electrónicos, puesto que el oneroso costo que tienen los promocionales incide directamente en el costo de las campañas.
Subrayó que en aras de la contienda, los partidos adquieren onerosas deudas con estas empresas que con frecuencia no son cobradas exclusivamente con las facturas que se hacen valer ante los tribunales, sino en otras formas.
De igual forma habló de la necesidad de transparentar las donaciones anónimas a los partidos, que se asocia a una suerte de canje de favores posterior al gobernante por el financiamiento recibido durante su campaña.
A su vez, Huchim destacó que el creciente costo de las campañas electorales favorece la posibilidad de que los partidos busquen financiamiento ilícito, sin que sea descartable que las propias organizaciones de narcotraficantes pudieran utilizar las campañas como espacios de lavado de dinero.
Asimismo, se refirió a las tentaciones de ganar las contiendas inclusive violando la legislación referente al tope de gastos. En este sentido, propuso que en la reforma electoral se contemple la posibilidad de añadir como causal de nulidad la violación de los topes de campaña.
Por su parte, el analista Ciro Murayama coincidió en la necesidad de modificar el esquema de acceso a medios de comunicación, lo cual debería ser principalmente mediante los tiempos oficiales del Estado. Citó casos de otros países Francia, España, Brasil y Chile donde está prohibida la contratación partidaria de espacios publicitarios en los medios electrónicos.