Perdura la crisis por el tortillazo: diputado Carlos Navarro
El gobierno, a tiempo de atender reclamos del agro
El gobierno federal está a tiempo de evitar que se profundice la inconformidad social en el campo si atiende las demandas de las organizaciones y las propuestas legislativas, afirmó el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, Carlos Navarro López, quien advirtió que la crisis generada por el alza a la tortilla no ha concluido, pues no se ha actuado contra los grandes acaparadores y especuladores.
Al comprometerse ante las organizaciones de agricultores a no cesar en la búsqueda de acuerdos con las diversas fracciones parlamentarias para demostrar que el actual modelo de desarrollo para el sector rural "ha tirado por la borda las políticas de combate a la pobreza", el legislador se sumó a la exigencia campesina del restablecimiento de acciones de fomento a la producción, almacenaje y comercialización del maíz, para garantizar el consumo nacional.
El acuerdo que firmó el gobierno con algunas empresas para presuntamente frenar el aumento al precio de la tortilla, "sólo sirvió para incrementar las utilidades de quienes especularon y acapararon el maíz; hay quienes calculan que esa operación generó utilidades por más de 6 mil millones de pesos", apuntó. Por ello, propuso que la Cámara de Diputados haga un seguimiento a la denuncia por acaparamiento del grano que presentó el senador Ricardo Monreal y demande a la Procuraduría General de la República proceda contra los acaparadores y no sólo tienda "cortinas de humo".
México debe tener una reserva estratégica de maíz para salvaguardar su autosuficiencia alimentaria, pero el análisis de los legisladores "no debe limitarse al problema de los precios del maíz, sino al conjunto de la política rural", dijo. El sector rural requiere de un diagnóstico completo y de propuestas que coincidan con las demandas históricas de las organizaciones campesinas, acotó.
Advirtió en torno a las acciones que impulsan empresas trasnacionales que llevan a los monocultivos para producir los llamados biocombustibles sin considerar los riesgos en la producción de alimentos para el consumo humano. En el país, abundó, la propuesta de ley de biocombustibles no se ha aprobado, "los diputados la estamos estudiando, porque no queremos aprobarla al vapor, y en la balanza están las experiencias de Brasil y Argentina, entre otros países".
Navarro aclaró que la propuesta de cambio en la política rural no es con la intención de regresar al pasado, sino apuntalar una política de fomento a la producción de granos, oleaginosas, productos pecuarios, frutas y verduras, para que las familias tengan la certeza de que hay alimentos suficientes. "Este es el momento de dar un viraje a la política agropecuaria, pero los campesinos, trabajadores y clases populares tendrán que seguir movilizándose para vencer las reticencias del gobierno. La gente debe comprender que los legisladores no podemos hacer mucho sin su apoyo."
El dirigente de la Central Campesina Independiente, Rafael Galindo, mencionó que el incremento al precio de la carne, huevo y leche es una amenaza que está latente, ya que uno de los alimentos del ganado es el maíz; "eso es el preludio de una situación desastrosa para el campo en lo económico y puede derivar en una inestabilidad social".
Exhortó al gobierno a dar respuestas claras a las peticiones que presentaron las organizaciones que participaron en la marcha del pasado 31 de enero, pues con ello "habrá certeza de que existe un verdadero compromiso para atender los graves problemas de la población rural".