Hubo 130 muertos en esa cárcel peruana en 1986
Nada tuvo que ver en la matanza en El Frontón, reitera Alan García
Lima, 9 de febrero. El presidente peruano, Alan García, reiteró este viernes que no tuvo conocimiento de las operaciones militares que terminaron con la muerte de 130 presos durante un motín carcelario en la isla penal El Frontón, en 1986, durante su primer gobierno, al rendir declaración como testigo ante la jueza a cargo del caso.
El abogado de los familiares de las víctimas, Carlos Rivera, informó al término de la diligencia que el gobernante reiteró las declaraciones que brindó años atrás respecto de que él no ordenó la matanza de los presos, ni dispuso a su entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, ir en su representación al penal.
El jefe de Estado rindió en más de dos horas su declaración testimonial ampliatoria ante la jueza María León en un edificio ubicado en el distrito limeño de San Isidro, a donde llegó acompañado por su abogado, Genaro Vélez, para convertirse en el primer jefe de Estado peruano en ejercicio en ser interrogado judicialmente por un caso de violación de los derechos humanos.
Más tarde, en rueda de prensa en el palacio de gobierno, García afirmó que no existe contradicción en sus declaraciones sobre el caso porque "invoqué lo que declaré antes", y señaló que siempre estará a disposición del Poder Judicial para dar su testimonio y ayudar a esclarecer lo sucedido.
"Confío en que se archive cualquier denuncia directa en mi contra como inculpado; no será la primera vez que esa denuncia quede de lado", añadió, al recordar que ya van 19 veces que presta declaraciones ante jueces y fiscales acerca del motín de los militantes de Sendero Luminoso, y la anterior fue en 2001 y en diversas ocasiones ha sido exonerado de responsabilidades.
La jueza María León, quien busca determinar las órdenes que García en su momento impartió sobre aquellos hechos en su primer mandato (1985-1990), lo citó en el contexto del proceso que se le sigue a un grupo de infantes de marina, presuntos responsables de aquella matanza, cuyo caso ha sido llevado incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado Rivera expresó insatisfacción por las declaraciones del gobernante en la diligencia. "Sus afirmaciones se contradicen con las declaraciones de otros testigos, como Mantilla, quien asegura que él (García) sí lo envió a ese lugar".
El jefe de Estado está comprendido en el caso solamente en calidad de testigo, lo que provoca malestar en grupos de derechos humanos, que consideran que tiene responsabilidad directa en lo ocurrido.
De acuerdo con varias investigaciones, la represión militar incluyó excesos y numerosos internos sufrieron ejecuciones extrajudiciales. Además, se les pretendió sepultar en forma clandestina.
Las diligencias judiciales de León también incluirán interrogatorios, la próxima semana, al primer vicepresidente de Perú, Luis Giampietri, quien en calidad de mando de la marina participó en la represión, y a Mantilla, alejado de la escena política.