"Parece que hay línea", señalan funcionarios del PJF
Congelan el caso Echeverría, a pesar del auto de formal prisión
A más de dos meses de que el magistrado federal Ricardo Paredes Calderón ordenó procesar por genocidio al ex presidente Luis Echeverría Alvarez, la Procuraduría General de la República (PGR) mantiene congelado el caso y ni siquiera ha solicitado que los acusadores amplíen sus declaraciones ante el juez de distrito responsable de la causa penal.
De acuerdo con fuentes oficiales, el encargado de ofrecer pruebas de cargo, solicitar careos entre inculpado y denunciantes, pedir la ampliación de declaraciones y la comparecencia de testigos en el juzgado 15 de distrito de procesos penales federales con sede en el Reclusorio Sur, es Nicolás Ramos Luna, agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a ese órgano. Sin embargo, el funcionario de la PGR ha optado por quedarse de "brazos cruzados" en lo que representa el primer juicio penal abierto en México por el delito de genocidio contra un ex presidente de la República.
No es común que cuando un juzgado federal inicia un proceso contra un presunto delincuente, los fiscales de la PGR dejen pasar meses sin ofrecer pruebas para demostrar la culpabilidad del procesado.
A decir de las fuentes gubernamentales, en el caso de Luis Echeverría "hubo órdenes de funcionarios de primer nivel en la PGR" para que los fiscales y/o agentes del MPF que tengan relación con el juicio no realicen promociones legales en el juzgado de la causa.
A su vez, funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), consultados ayer por este diario, manifestaron su extrañeza por el hecho de que la PGR no quiera ampliar las documentales, testimoniales y periciales con que cuenta para demostrar la responsabilidad penal de Echeverría.
"Tal parece que hay línea en este caso para que el Ministerio Público se haga de la vista gorda y el juicio permanezca estancado; queda claro que el proceso se va a definir mediante un amparo indirecto y no en el juzgado de origen", indicaron.
Además, los impartidores de justicia consultados criticaron que la PGR se empeñe en demostrar la culpabilidad de delincuentes menores, entre ellos consumidores de drogas, narcomenudistas o indígenas que roban por necesidad, mientras en casos de delitos de lesa humanidad, como el genocidio, dejan a los defensores en total ventaja para tramitar y obtener amparos.
Sin embargo, a más de dos meses de que se abrió el juicio contra Echeverría por genocidio nada de esto ha sucedido.
Durante las diez semanas posteriores a que el magistrado Paredes decretó el auto de formal prisión (resolución emitida el 30 de noviembre 2006), los abogados de Echeverría, encabezados por el penalista Juan Velásquez, tampoco han ofrecido pruebas de descargo.
En ese tiempo los defensores del ex presidente se han dedicado a preparar una demanda de amparo que presentarán a finales de mes ante un tribunal unitario.