ONG denuncian nexo entre defensores de los militares y el director de penal de Monclova
Demandan a Calderón vigilar proceso a soldados presuntos violadores de 13 mujeres en Coahuila
La Diócesis de Coahuila y organizaciones defensoras de derechos de equidad y género llamaron al presidente Felipe Calderón a vigilar que se resuelva "de manera favorable" el caso de las 13 mujeres víctimas de violencia sexual que fueron agredidas por un grupo de soldados del Ejército Mexicano el 11 de julio de 2006 en el municipio de Castaños, Coahuila. Nueve de ellos están sometidos a proceso judicial ante las autoridades competentes por violencia de género.
De aplicarse la justicia civil contra estos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se evitaría que "ellas sean doblemente violentadas por las instituciones", agrega el núcleo eclesiástico, para el que el asunto Castaños es uno de los "casos delicados e interesantes" pendientes de resolver, "de frente a la justicia" por el ámbito judicial en el estado de Coahuila.
La pastoral social de la diócesis católica, dirigida por el obispo Raúl Vera, señaló que la violación tumultuaria perpetrada en una zona de tolerancia es un caso delicado, en el que "si los soldados son sentenciados por las leyes civiles, sería la primera ocasión que en nuestro país se castigue a elementos del Ejército por delitos sexuales (justicia que buscaron mujeres chiapanecas y oaxaqueñas, entre otras).
"Demostrar la desigualdad en las relaciones de poder o entre oponentes; centralizar la verdad, infalibilidad, iluminación y deidad en el género masculino; vengar, derrotar y sentirse ganador; reafirmar masculinidad y hombría ante compañeros, pero también sobre la misma víctimas; humillar física y moralmente; lesionar la identidad, la autoestima, el honor y la dignidad; ultrajar la integridad, el sentido de seguridad y el dominio de la vida", es lo que está detrás de una agresión y "no sólo se trata de sexo, sino de poder y control", explicó la diócesis.
"Abogados muy apoyados"
Organizaciones feministas llamaron a solidarizarse con las integrantes y abogadas del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Asociación Civil, que llevan la causa de las 13 mujeres atacadas sexualmente por un piquete de soldados, nueve de los cuales están encarcelados y sometidos a proceso judicial.
Siete meses después de los actos violentos, informaron las convocantes, los militares han sido puestos a disposición de un juez y tienen seis defensores, dos de ellos (Aída Guardiola y Pedro Peña), "son muy amigos" del director del Centro de Readaptación Social de Monclova, Jesús Flores Sosa. "Son abogados muy apoyados y no se sabe quién les paga, además de que cuentan con recursos y facilidades", señalaron.
Aunque las litigantes de las agredidas han manifestado que se mantendrán firmes en la defensa, "lo cierto es que están debilitadas por las presiones, la falta de recursos, el hostigamiento de la prensa y la ausencia, cada vez mayor, del interés de las autoridades de Coahuila", apuntaron en su llamado de apoyo.