La empresa minera no presentó documentos por ser "información reservada"
Evade IMMSA requerimiento de diputados sobre Pasta de Conchos
La empresa Industrial Minera México SA (IMMSA) no logró comprobar ayer, con documentos, la compra y aplicación de polvo inerte en Pasta de Conchos, que habría evitado la explosión o bien la habría reducido, informó Jericó Abramo, presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento al percance en dicha mina.
Luego de la reunión de trabajo que los legisladores sostuvieron con directivos de IMMSA, el legislador del Revolucionario Institucional por Coahuila aseguró que la presentación de las facturas sobre la adquisición de ese material resulta fundamental, no sólo porque constituye una de las líneas de investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado, sino porque comprobaría una de las hipótesis sobre la presunta responsabilidad de la compañía.
El diputado priísta aseguró que persisten las dudas sobre la veracidad de los argumentos de la empresa en este tema, por lo que al no presentar las facturas, con el argumento de que se trata de información reservada, se les volvieron a solicitar. "No quedamos muy convencidos, porque vinieron con poca información y con poca claridad", expresó, y anticipó que a más tardar en dos semanas el Ministerio Público de Coahuila girará las primeras órdenes de aprehensión.
La reunión, a la que asistieron los directores jurídico, de minas subterráneas y programas de la comunidad de IMMSA, Armando Ortega, Francisco Manzo y Víctor Morales, respectivamente, se desarrolló a puerta cerrada a petición expresa de los diputados de Acción Nacional.
Al terminar, legisladores de Partido de la Revolución Democrática cuestionaron la contradicción entre el percance ocurrido el 19 de febrero del año pasado y la presentación que realizaron los representantes de la minera.
Y es que, al inicio de la junta, Armando Ortega leyó un documento, en nombre de IMMSA, en el que asegura que hasta la fecha de la explosión "la mina número ocho en Pasta de Conchos era moderna y bien equipada. La empresa tiene pruebas de que los estándares de seguridad en ella se respetaban. Sin embargo, la empresa reitera hoy ser la primera interesada en conocer el origen del accidente donde murieron 65 de nuestros compañeros".
Asimismo, afirmó que la mina permanecerá abierta "para el exclusivo propósito del rescate de los cuerpos, a la disposición de las autoridades", y sin incluir ningún punto de autocrítica se dedicó a presumir los avances en el programa de búsqueda, así como los apoyos económicos a las familias de los fallecidos.
Entre las "acciones" en favor de los deudos enlistó las siguientes: "2 mil 952 visitas de trabajadores sociales, 4 mil horas de atención médica a las familias, entrega de despensas, campamentos de veranos para niños, talleres de superación personal y profesional, y el reacondicionamiento de 20 viviendas".
La diputada perredista Claudia Cruz cuestionó que los representantes de la compañía se limitaran a realizar este recuento, pero no hayan cumplido con el requerimiento de los legisladores de entregar las bitácoras de aplicación de polvo inerte en el tiro de la mina, entre julio de 2005 y febrero de 2006, así como las actas del comité mixto de higiene y seguridad. En ese sentido, el panista Jesús Flores afirmó que se ha comprobado la falta de ventilación, de medidores de metano, de polveo y la no aplicación de recomendaciones sobre medidas de seguridad en el socavón.
El legislador del Acción Nacional dijo también que se ha comprobado que la onda expansiva fue de más de un kilómetro, por lo que de haberse esparcido el polvo inerte la explosión se habría focalizado; es decir, que dicho polvo "no hizo efecto o simplemente no se aplicó".
El panista Carlos Bracho, diputado por Coahuila, refirió que durante la reunión los representantes de IMMSA cuestionaron el estudio que sobre el percance presentaron técnicos de Perú, con el argumento de que no tienen experiencia en minas de carbón. Sin embargo, dijo el legislador, fueron contratados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues se refirió que ningún instituto mexicano quiso realizar el estudio correspondiente.
Se reprogramó para la semana entrante la comparecencia del secretario de Economía, Eduardo Sojo, quien canceló su participación de ayer; el miércoles próximo también comparecerá ante la comisión especial el secretario del Trabajo, Javier Lozano.