Usted está aquí: miércoles 31 de enero de 2007 Política Rechazan panistas ley antidiego contra el tráfico de influencias

Rebeldía de senadores ante la iniciativa que impulsa el coordinador Santiago Creel

Rechazan panistas ley antidiego contra el tráfico de influencias

ANDREA BECERRIL

La reforma constitucional para frenar el tráfico de influencias y el conflicto de interés entre legisladores, mejor conocida como ley antidiego, tiene dividido al grupo parlamentario del PAN en el Senado, provocó ya una rebelión entre sus integrantes y será motivo de una fuerte discusión durante la reunión plenaria de los blanquiazules en Valle de Bravo.

La reforma, por la que se pretendió borrar la imagen dejada por Diego Fernández de Cevallos en el Senado, tuvo como su principal impulsor al actual coordinador panista, Santiago Creel. Inclusive ofreció una conferencia de prensa, el pasado 26 de octubre, para anunciar la presentación ante el pleno de la iniciativa. Después adquirió el compromiso con PRI y PRD de que se aprobaría en el periodo de febrero, junto con la reforma del Estado y la ley de salarios máximos de los funcionarios. Sin embargo, en su bancada decidieron pensarlo mejor.

Se sabe que dos días antes de que concluyeran los trabajos del pasado periodo de sesiones ­el 20 de diciembre­, una parte de los 52 senadores del PAN, sobre todo los empresarios y los que tienen despachos jurídicos, se enfrentaron a Creel y rechazaron que se aprobara en sus términos esa reforma al artículo 62 constitucional, por la que se pretende que los legisladores federales se dediquen exclusivamente a legislar, alejados de negocios y otras actividades remunerativas.

Uno de los inconformes, el ex gobernador de Aguascalientes y hombre de negocios Felipe González aseguró que no hay división interna, pero reconoció que la iniciativa "se tiene que pulir, porque en algunas de sus partes choca con los derechos humanos de los legisladores".

A su vez, el senador Rubén Camarillo Ortega, autor de la ahora controvertida reforma para acabar con el tráfico de influencias, dijo desconocer la existencia de esa reunión en que sus compañeros se rebelaron contra Creel.

"La verdad es que no tengo conocimiento de este hecho; a lo mejor fue privado", dijo, y reveló luego que ha atendido "las inquietudes de varios compañeros" para aclararles que hubo un "malentendido", toda vez que nunca se planteó que un senador no pueda desarrollar otra actividad.

Y aunque Creel públicamente declaró que a partir de esa reforma los senadores y diputados sólo podrían dedicarse a legislar, que ya no podrían tener "dos cachuchas", ayer Camarillo Ortega matizó: "Eso no quita, por ejemplo, que quien tenga un despacho de abogados desde hace 20 años no pueda quedarse como accionista; claro, sin derecho a ejercer".

La reforma propuesta al artículo 62 constitucional establece la prohibición expresa a los legisladores de aceptar paralelamente cargos en la Federación, los estados, municipios y delegaciones políticas con remuneración o sin ella.

Además, se modifica también la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, con el propósito de que no puedan participar en la discusión, votación o resolución de temas en los cuales tengan interés personal, familiar o de negocios. Senadores y diputados federales tampoco podrán ser representantes o apoderados legales de empresas nacionales o extranjeras, ni gestionar ante alguna autoridad actos jurídicos que deriven en beneficio económico de terceros.

Les quedará vedado participar en asuntos relacionados con empresas en las que ellos o sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado hayan tenido relación laboral durante los cinco años anteriores al inicio de su periodo legislativo.

Asimismo, se prohíbe a los legisladores obtener concesiones que impliquen beneficios económicos para ellos o sus familiares. Son disposiciones que afectan a los muchos empresarios que hay en la bancada del PAN ­el propio Felipe González y a quienes, como Alejandro González Alcocer, son socios de despachos jurídicos o litigan directamente, que es el caso de Luis Alberto Villarreal.

De ahí la rebelión que llevará a modificar la iniciativa. El senador Camarillo Ortega informó que la reforma será objeto de una profunda discusión durante la reunión plenaria que llevarán a cabo, a partir del este viernes y hasta el domingo en tierras mexiquenses, y no rechazó que habrá cambios.

"La última revisión se la vamos a dar en Valle de Bravo y a lo mejor ahí se integran algunos aspectos interesantes que están planteando algunos senadores". Se aceptarán modificaciones, adelantó, siempre y cuando se respete "el espíritu original", que es "evitar que los legisladores lleven al Congreso asuntos a la carta o por compromisos con terceros".

El senador Felipe González expresó que esa reforma, que salió de su propio grupo parlamentario, viola derechos humanos de los legisladores, al impedirles participar en otras actividades. Le preocupa también, confesó, otra propuesta para reglamentar el cabildeo, ya que los obligaría a llevar un registro y declarar con quiénes se reúnen.

­¿Usted no acepta que se les impida participar en negocios particulares?

­Hay que ver qué negocios, todo depende ­respondió evasivo.

Hoy se espera que Creel regrese de Europa al país, para hacer frente al problema, toda vez que será difícil que la reforma, con la que se pretendía borrar la mala imagen que Diego Fernández de Cevallos dejó a su paso como senador, pueda aprobarse tal como está.

 
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