Amenazas, principal ilícito que se denuncia ante fiscalía
En la capital, la mayor incidencia de delitos contra informadores
Nueve meses después de creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) se encuentran en trámite 66 casos, de los cuales 11 están relacionados con delincuencia organizada, 24 están en manos de la Subprocuraduría de Control Regional y 30 los atiende de manera directa el órgano que encabeza hasta el próximo 31 de enero David Vega Vera.
De las 108 denuncias que ha recibido, en 15 se decretó el no ejercio de la acción penal por falta de interés jurídico del quejoso, 18 fueron turnadas a otras instancias por incompetencia y sólo una fue consignada ante un juzgado, señalan informes internos de la FEADP.
Los documentos refieren que "la mayoría de los asuntos que se tramitan ante la fiscalía son por amenazas, por lo que necesariamente se persiguen por querella del agraviado"; sin embargo, no en todas las ocasiones los denunciantes dan seguimiento a sus casos, por lo que el Ministerio Público se ve obligado a decretar el no ejercicio de la acción penal.
A la fecha, la FEADP da seguimiento a 65 asuntos que son investigados por autoridades del fuero común y están radicados de la siguiente manera: 10 en el Distrito Federal; Baja California, Michoacán y Sonora, dos en cada entidad; Durango, Baja California Sur, Coahuila y Oaxaca, uno en cada estado; Chiapas, Guerrero y Chihuahua, seis; estado de México, Jalisco, Morelos y Veracruz, tres, y Tamaulipas, nueve.
Según la incidencia de delitos cometidos contra los informadores, la mayoría se registra en el Distrito Federal, con 17 casos; estado de México, seis; Chiapas, Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas, cinco cada uno; Baja California, Michoacán y Puebla, cuatro por entidad; Sinaloa, Sonora y Yucatán, dos, y Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, Nayarit y Veracruz, uno en cada estado.
La mayoría de las denuncias que recibe la FEADP son por amenazas, homicidios, abuso de autoridad, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad, robo y lesiones, "aunque también existen otras conductas constitutivas de delito, como ilícitos contra la salud, discriminación, acoso sexual, difamación, acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, e intervención de comunicaciones privadas y tentativa de homicidio".
Según el documento, la oficina que dirige David Vega Vera consideró que es necesario "pasar de un acuerdo administrativo a una ley que reglamente el que la fiscalía sea un organismo que opere de manera permanente con autonomía técnica y mayores apoyos y atribuciones legales-administrativos".
También se considera necesaria la "revisión de la estructura", ya que tanto el área de enlace con los medios como la de procedimientos penales cuentan con "un mínimo de personal", que resulta insuficiente para las necesidades de la oficina, pero además puntualiza el hecho de que los gentes del Ministerio Público con que se cuenta "no dependen directamente de esta área" y, por tanto, pueden ser readscritos.